Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Jorge Capitanich y Gerardo Zamora, fueron los más enérgicos en el rechazo al fallo de la Corte que favoreció a CABA. En el inicio del año electoral, el Presidente quiere una demostración de fuerza, aunque sabe que no cuenta con los votos para avanzar con la destitución del presidente de la Corte Suprema. Herrera Ahuad se despegó de la embestida contra el supremo tribunal.
El presidente Alberto Fernández está reunido con diez gobernadores en Casa Rosada, en un encuentro en el que varios jefes provinciales pegaron el faltazo, entre ellos el “misionerista” Oscar Herrera Ahuad. Justamente cuando el objetivo de la convocatoria del Presidente fue el de sumar respaldos para avanzar con el juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, con el fallo por la coparticipación que restituyó fondos a la Ciudad de Buenos Aires, en el eje.
Según TN, participan de la cumbre los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rubén Dusso (Vicegobernador de Catamarca) y Osvaldo Jaldo (vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Tucumán).
En tanto, la gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner participa de manera virtual de la reunión, por Zoom. Al igual que su par de Catamarca Raúl Jalil, que se encuentra unos días de licencia por vacaciones.
En la previa a la reunión los gobernadores Kicillof, Quintela, Capitanich y Zamora fueron los que se mostraron más enérgicos en el rechazo al fallo de la Corte Suprema, aunque fueron 14 de los 24 mandatarios provinciales los que acompañaron el reclamo del Presidente.
Los cuatro gobernadores pertenecientes a partidos políticos provinciales (Gustavo Sáenz, de Salta; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén, y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones) rechazaron el fallo, pero no se alinearon con el Gobierno, y Omar Perotti, de Santa Fe, juega desmarcado de la liga. Por su parte, el gobernador pejotista de Córdoba Juan Schiaretti, tampoco se sumó al reclamo contra la restitución de la coparticipación ilegalmente cercenada a CABA en septiembre del 2020.
Los restantes forman parte de la oposición, uno de ellos -el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta-, fue el beneficiado por la decisión judicial.
En un contexto en que bloques de la oposición en el Congreso -empezando por Juntos por el Cambio, pero también los liberales y los lavagnistas- ya se mostraron en contra del pedido de juicio político, la maniobra del Presidente, totalmente alineado al kirchnerismo duro, busca hacer una demostración de fuerza junto a la mayoría de los gobernadores pejotistas. Muchos traccionaron el reclamo por la coparticipación y lo empujaron para que desoyera la orden de la Corte Suprema.
El kirchnerismo duro le cuestiona haber dado marcha atrás y haber acatado el fallo, pero lo que está claro es que ninguno quiere dar el brazo a torcer en un año en el que cualquier recorte de recursos afectará directamente a la campaña. Ahora, Alberto Fernández quiere encolumnar detrás del juicio político a la mayor parte de los gobernadores.
Si bien en el Frente de Todos saben que los números no le dan para conseguir avanzar con el juicio político a Rosatti en la Cámara de Diputados, el Presidente busca que se sienten a dar el debate, para “dejar en evidencia los representantes provinciales que no defienden los intereses de sus distritos”, dicen cerca del Gobierno. Por ahora, solo podría tratarse en Comisión.
Desde el inicio del reclamo judicial, los gobernadores piden ser escuchados por la Corte Suprema, que viene desechando esa solicitud. Tras el fallo, varios mandatarios provinciales hicieron nuevas presentaciones. El último fue Quintela, que este lunes hizo su tercer pedido para constituirse como parte. “¿Qué más hace falta para que renuncie Rosatti? El pueblo y la patria reclaman que se vaya, no merecen tener un presidente de la Corte Suprema de Justicia que atente contra el bienestar social. ¿Con qué autoridad va a impartir justicia a las y los ciudadanos ahora?”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.
Kicillof también apuntó contra el fallo. “La Corte, con una medida cautelar política, infundada y arbitraria, ha beneficiado al distrito más rico de la Argentina, disminuyendo los recursos de todas las provincias argentinas”. La provincia de Buenos Aires también se presentó tres veces ante la Justicia para ser escuchada en el expediente judicial. “La Corte parece dispuesta a escuchar únicamente al Jefe de gobierno de la Ciudad. Necesitamos terminar con estas desigualdades y con los fallos arbitrarios del partido judicial”, dijo el bonaerense.
Capitanich, que suele oficiar como vocero de la liga de gobernadores, también levantó el guante. Respecto de la decisión judicial dijo que “el fallo desconoce deliberadamente la normativa vigente en el país, omite efectuar consideraciones jurídicas de índole constitucional y avanza en la resolución de aspectos que debieron ser analizados al resolver la cuestión de fondo”. “La afectación evidente al Estado Nacional y las Provincias Argentinas, en favor de una jurisdicción resulta arbitraria, desmedida y carente de sustento legal”, consideró.
De los 19 mandatarios provinciales que adhirieron al recorte de recursos coparticipables que hizo a la CABA el Presidente en 2020, 14 siguen acompañando el reclamo.
El santafesino Perotti no firmó las últimas declaraciones conjuntas, pero reclamó una nueva ley de coparticipación y cuestionó el “centralismo” de Buenos Aires. Algo similar hicieron los cuatro gobernadores elegidos a través de partidos provinciales. Todos fueron convocados para la reunión de este martes. Pero todos se ausentaron.
Herrera Ahuad confirmó a TN que no participaría del encuentro. Tampoco asistieron Perotti; Mariano Arcioni, de Chubut; Juan Schiaretti, de Córdoba; Carreras, Gutiérrez y Sáenz. En el caso del misionero, es claro que no quiere abrir otro frente más con la Corte Suprema, que en 2022 declaró inconstitucional la llamada “aduana paralela” que impone la Agencia Tributaria de Misiones (antes Dirección General de Rentas) a todas las mercancías que ingresan al territorio.
