Es por el decreto 897/2005 que firmó el ex gobernador, ordenando la destrucción de los archivos de la Jefatura de Policía, presuntamente para proteger a su ex jefe Rubén Oscar “Carozo” Gabriel. “Hubo una complicidad total con los represores”, dijo Graciela Franzen, ex presa política y secretaria de DDHH de la CTA Autónoma. Dirigentes de la Renovación hacen “silenzio stampa” sobre este decreto que inclusive, ya no se puede encontrar en el Boletín Oficial de la gobernación.
En Misiones, “nos parece que hubo una complicidad total con los represores”, expresó Graciela Franzen, la ex detenida durante la dictadura y referente de la CTA, este viernes, en la previa al acto por el 24 de Marzo, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. La sobreviviente del Proceso Militar y hermana de un desaparecido, no dudó en señalar que fue “gravísima” la decisión del ex gobernador Carlos Rovira, de destruir los archivos de la Jefatura de la Policía de Misiones, a través del decreto 897/2005.
La hermana de Arturo Franzen -asesinado en la Masacre de Margarita Belén- sostuvo que los que buscaron ocultar la verdad sobre lo ocurrido durante los “años de plomo” son tan responsables como los que cometieron los delitos de lesa humanidad, un mensaje crítico hacia Rovira. Es que el actual presidente de la Legislatura, cuando era gobernador, dispuso la destrucción de las fojas de guardias de la policía en el periodo 76-83, que incriminaban al ex jefe de la Policía, Rubén Oscar “Carozo” Gabriel.
Consultada por M4 sobre el famoso -y desaparecido- decreto 897/2005 del entonces gobernador Carlos Rovira, que destruyó información que comprometía a “Carozo” Gabriel, Franzen fue lacónica: “Nos parece que hay una complicidad total con los represores, los asesinos y los que cometieron delitos de lesa humanidad. El compromiso debe ser saber la verdad y hacer justicia. Aquel que quiere tapar es un cómplice y es tan responsable como elque cometió estos delitos”, soltó Franzen, sin mencionar puntualmente a Rovira.
No hacía falta. Es que la quema de archivos de la Jefatura, ordenada por Rovira en 2005, puede ser interpretada como un acto de encubrimiento de represores. Para el entonces gobernador, hoy conductor del partido gobernante, parecía indispensable que no haya pruebas contra “Carozo” Gabriel, quien habría sido partícipe de la represión durante la Dictadura.
“Fue muy grave. Prácticamente no tenemos materiales”, dijo Franzen, cuestionando el decreto 897/2005. Y luego agregó: “Muchos compañeros secuestrados y torturados no tienen comprobantes de su detención y no pueden acceder a una indemnización. Pero sobre todo, necesitan dejar el mote de ‘terroristas’ y ‘subversivos’ para ser militantes populares”, indicó Franzen. “La lucha de entonces es la misma lucha que tenemos hoy”, aseguró la dirigente.
Este tema del decreto para borrar pruebas contra represores misioneros, no es nuevo, pero se reactualiza con el nuevo aniversario de la dictadura más sangrienta de la historia argentina.
En rigor, el decreto se conoció públicamente en Abril del 2012, cuando se llevaba a cabo el jucio contra los ex policías represores Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Carlos Pombo, Julio Argentino Amarilla y el médico Guillermo Mendoza. El defensor de este último César Ortellado, ventiló la existencia de este decreto que afectaba a la imagen de Rovira y de todo el partido gobernante. Casualmente, Mendoza fue el único de los acusados que fue exonerado de culpa y cargo.
Esos documentos de la Jefatura destruidos por orden de Rovira, salpicaban a Gabriel -que en 2005 era Jefe de la Policía- porque, allá por 1976, era miembro de la Dirección de Investigaciones y “asistente personal” del ex comisario Alberto Amalvy (quien falleció en 1994). Inclusive, Gabriel fue reconocido por uno de los testigos en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad citado más arriba, que culminó con la sentencia de cuatro de los cinco acusados, el 30 de Septiembre del 2016.
Sin embargo, ni Gabriel ni otros comisarios de la plana mayor de la policía de Misiones que formaron parte del gobierno de Rovira y los subsiguientes de Maurice Closs, han sido convocados siquiera a declarar como testigos en juicios por delitos imprescriptibles cometidos en la última Dictadura.
“…Tras minuciosa compulsa y revisión en el archivo de esta dependencia no se ha podido establecer identidad, nómina, revista y último domicilio de oficiales y suboficiales que prestaron servicio policial en Jardín América, desde octubre de 1976, en razón de que conforme al Decreto Provincial Nº 897/2005, los archivos han sido incinerados, obrando únicamente registros desde el año 2000”.
Esa fue la respuesta, polémica e indiscreta para una franja del Gobierno renovador, que fuera enviada por un alto mando de la Unidad Regional de Jardín América, a los jueces del Tribunal Oral Federal que juzgaron a los represores Giménez, Herrero, Pombo, Amarilla y Mendoza.
En Junio del 2012, Franzen se había mostrado aún más crítica de la figura de Rovira. “Creó un Archivo de la Memoria en la Legislatura y firmó el decreto 897/2005 (que provocó la destrucción de los archivos), es una contradicción”, dijo. “Es una contradicción que el último 24 de marzo se haya creado un Archivo de la Memoria en la Legislatura provincial y que haya sido su actual presidente, Carlos Rovira, quien ordenó en 2005 destruir documentos que son fundamentales para la reconstrucción de la memoria del horror en Misiones”, lanzó por entonces Franzen.
Desde luego, los dirigentes de la Renovación autoidentificados con los sectores progresistas, tales como, por mencionar algunos, Ricardo “Pelito” Escobar, Lilian “Tiki” Marchesini, o Amelia Báez, hacen “silenzio stampa” (apagón informativo) sobre este urticante tema del decreto 897/2005. En los actos por el 24 de Marzo, se pronunciaron contra el gobierno de Mauricio Macri, pero evitan siquiera nombrar el decreto que protegió a Gabriel, de puño y letra de Rovira.
Dicho sea de paso, el polémico decreto de Rovira protegiendo a represores, ya no se encuentra en la base de datos digital de la gobernación. Ese archivo del 17 de junio de 2005 “no está disponible en el servidor” de la página digital del Boletín Oficial del Gobierno de la Provincia de Misiones.
Según una publícación de 24Siete, la búsqueda del decreto 897/2005 arrojó que en los archivos digitales del Boletín Oficial se encuentran los de los días previos y posteriores al 17 de junio y en ninguno de ellos están incluido el decreto en cuestión, aunque sí lo están los decretos numerados con anterioridad y posterioridad, lo que hace suponer que el 897 se encontraría en el Boletín del 17 de junio. El dato no es menor, porque el Boletín Oficial es la principal herramienta que tienen los ciudadano para acceder a información pública.