El juez Claudio Bonadío redobló hoy la apuesta en las investigaciones sobre causas que afectan al centro del poder político del kirchnerismo, a un día de haber sido removido de la causa Hotesur, donde investigaba presuntas maniobras de lavado en el hotel de la presidente Cristina Fernández y su familia. Este mediodía ordenó, por otro expediente, allanar YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) y oficinas del Ministerio de Planificación que maneja Julio De Vido. El magistrado investiga una denuncia sobre la compra de gas licuado por parte del Gobierno que data de años atrás. También se investiga a la empresa estatal Enarsa. El allanamiento ordenado busca de información en el marco de una causa sobre supuestas «dádivas» o «sobornos» en la importación de gas, según aseguraron diputados opositores.
De acuerdo con La Nación, ante la consulta de los periodistas, el ministro Julio De Vido sólo se limitó a declarar: “Por lo visto hay un plan de allanamientos para todos y todas”, parafraseando a la presidenta Cristina Kirchner. Poco antes de las 13, funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Metropolitana se presentaron en la sede de la petrolera estatal en Puerto Madero con la orden de allanamiento de Bonadio. Al mismo tiempo lo hicieron en la cartera que conduce Julio De Vido y en Enarsa.
En octubre del año pasado, los diputados de PRO Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso presentaron una denuncia contra Enarsa «por multimillonarias compras de gas importado» que se habrían realizado de manera irregular. Se sospecha de una triangulación con el gobierno de Venezuela, que ya se encuentra bajo la lupa desde el caso de Antonini Wilson, que prescribió este año, por la inacción de la Justicia. En su momento, los legisladores macristas señalaron que «YPF actúa en la compra de gas desde 2012 sin transparencia y fuera de la ley». Entonces, exigieron «determinar si los funcionarios y asesores han realizado negociaciones incompatibles con su función».
Bonadio investiga si hubo irregularidades en la importación de gas transportado en barcos, a partir de esta denuncia de los diputados nacionales del PRO.
Esta mañana, el juez conocido por ser uno de los que respondían al poder del menemismo a fines de los noventa -fue uno de los “jueces de la servilleta”-, había lanzado oscuras declaraciones, poco después de que la Sala I de la Cámara Federal porteña lo apartara de la causa Hotesur, donde investigaba a la familia presidencial por supuesto lavado de activos. Tras cuestionar la medida, al señalar que “si no dormía la causa”, sabía que le podía suceder algo así, expresó que “si aparezco suicidado, busquen a los asesinos, porque no es mi estilo”. Las oscuras palabras hacen alusión a la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado con un disparo en la cabeza en enero de este año, un día antes de presentarse ante el Congreso de la Nación para ampliar su denuncia por encubrimiento en la causa AMIA contra la presidente CFK y el canciller Héctor Timerman, entre otros funcionarios y dirigentes kirchneristas.
La remoción de Bonadío llegó a días de haber ordenado un allanamiento a la inmobiliaria de Máximo Kirchner, el hijo de la presidente, en el marco de la investigación por lavado de activos que involucra a la familia presidencial y al empresario K, Lázaro Báez. Por sorteo, la causa recaló en el juzgado de Daniel Rafecas, otro magistrado que responde al kirchnerismo y de hecho, ya protegió a la presidente CFK, al negarse a investigar la denuncia de Nisman por presunto encubrimiento a los responsables iraníes en el atentado a la AMIA. De todas formas, el apartamiento no está firme, dado que la querellante en la causa Hotesur, la diputada nacional y precandidata presidencial por el espacio “Progresistas”, Margarita Stolbizer, apeló la medida de la Cámara Federal.
