El juez federal Claudio Bonadío presentó pedidos de información en las sedes que tienen en Río Gallegos las empresas Idea SA y Valle Mitre, que administran los hoteles de la Presidenta. Según consignó el portal Infobae, el magistrado ordenó el operativo en las compañías para obtener documentación en el marco de la causa Hotesur en la que se investiga a Cristina Kirchner y su entorno por supuesto lavado de dinero.
En caso de que las compañías vinculadas a la Presidente Cristina Fernández no proveyeran información de forma voluntaria, el juez podría ordenar los respectivos allanamientos. El sitio Infobae indicó que Bonadío también pidió información contable a diversas empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez , -Austral Contrucciones, Kank y Costilla, Losealzo y Delcurto, Alucom Austral, Badial, y las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco- que firmaron acuerdos con Valle Mitre para alquilar habitaciones en los hoteles de CFK.
Esa operación es el núcleo de la investigación por lavado de dinero que se realiza para determinar si el empresario que se enriqueció con la obra pública patagónica, envió pagos -por servicios no realizados- hacia las arcas de los Kirchner como parte de una maniobra financiera.
Las órdenes de presentación libradas por Bonadío alcanzan a tres bancos, el Hotel Alto Calafate, las hosterías Las Dunas, La Aldea y Los Sauces, entre otros. Suman un total de 35, divididas en la Ciudad de Buenos Aires, Río Gallegos, Bariloche, Calafate y Comodoro Rivadavia.
El portal, además, indicó que uno de los pedidos de Bonadío se dirigió a la sede que la sociedad Idea tiene en la ciudad de Río Gallegos, ubicada en la calle en Néstor Kirchner 496. Allí funciona la inmobiliaria de Máximo Kirchner y su socio, Osvaldo Sanfelice.
En noviembre pasado, Bonadio ordenó el allanamiento de la sede de Hotesur en la Capital. La empresa administra el Hotel Alto Calafate, que tras la muerte de Néstor Kirchner quedó en parte en manos de sus hijos y de la Presidenta. El juez se encontró una oficina vacía. Informes periodísticos de diversas fuentes revelaron que Báez, alquiló durante dos años habitaciones en los hoteles de la jefa del Estado sin que se sepa si estaban ocupadas y que por ellas pagó 15 millones de pesos. Dado que el empresario K es el mayor contratista de obra pública de todo el sur del país, se sospecha de una maniobra de retorno e incluso, de una asociación ilícita.
Una investigación del diario La Nación, detalló irregularidades en registros de la empresa en la Inspección General de Justicia (IGJ), como la falta de renovación de su directorio. Además, la empresa presentó su declaración jurada obligatoria de actualización de datos meses después de vencido el plazo. Y, a diferencia de lo que ocurrió con otras empresas, ni por ese incumplimiento ni por los otros fue sancionada con las multas previstas.
Tras las publicaciones, la precandidata presidencial del frente Progresistas, Margarita Stolbizer, presentó una denuncia que recayó en el juzgado de Bonadio y fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.
