La investigación judicial en la causa por presunta asociación ilícita y fraude con fondos estatales contra Milagro Sala, podría complicar al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien “redeterminaba” el costo de obras, entregando hasta un 30% extra a la agrupación Tupac Amaru. Así lo advirtió el fiscal del Estado de Jujuy Mariano Miranda, este domingo, añadiendo que en la causa se analiza la “mecánica” de las maniobras. El funcionario señaló a radio La Red que las organizaciones que responden a Sala “han tenido movimientos financieros de más de 30 millones de pesos” y consideró “poco probable que se haya hecho todo esto sin aval o conocimiento de funcionarios del orden nacional”. De cualquier forma, De Vido está protegido por los fueros que corresponden a su cargo actual como diputado nacional por Buenos Aires.
Según LPO, al analizar los avances en la investigación donde participa en representación del estado como parte querellante, el fiscal señaló que “no tenemos informe de cuánta plata se habría desviado o dado fines distintos” pero apuntó que la Auditoría General de la Nación (AGN) sigue trabajando en busca de más informes. Este organismo envió un lapidario informe sobre el programa que manejaban cooperativas que integran la Tupac Amaru, y casi en simultáneo, trascendieron imágenes de militantes vinculados a la dirigente kirchnerista detenida, retirando millones de pesos de un banco.
“Sí tenemos datos de precios de contratos que habían concluido la obra, fueron pagados y un año después el Ministerio de Planificación les otorgaba redeterminaciones de precios”, reveló el fiscal jujerño. “También estamos investigando esa mecánica”, completó.
Consultado sobre las redeterminaciones de precios, Miranda explicó: “Se acordó un precio, la obra se hizo, se ejecutó y luego de un año el estado le otorgaba, en algunos casos, hasta un 30% más de redeterminación. Eso no es algo regular en una contratación directa”, aclaró.
Respecto del desvío de fondos que se investiga en Jujuy en torno a Sala, dijo: “No sabemos cuál fue el destino que se les dio, si compraron inmuebles o vehículos. Si supiéramos cuáles fueron podríamos llegar a embargar y recuperar parte de los fondos”, acotó.
Miranda resaltó que “es difícil que toda esta mecánica se haya podido llevar adelante sin el conocimiento de autoridades provinciales y nacionales”. Había cooperativas sociales que “manejaban 780 millones de pesos”, destacó el funcionario, subrayando el retiro de grandes sumas de dinero de la caja de un banco, un hecho “más que sospechoso. No es ajustado a la ley o el derecho, sobre todo por ser una cooperativa que tienen como fin la acción social”, finalizó.
De Vido complicado por la causa en la que se investiga a Milagro Sala
