Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, está en la mira de la opinión pública desde que se conoció que el empresario K, Cristóbal López, no pagó 8 mil millones de pesos de impuestos y con esa plata expandió su grupo empresario. En conversación con el programa que conduce Nelson Castro (“El juego limpio”, por la señal de TN), este jueves por la noche, el exfuncionario defendió su actuación y aseguró que no se trató de manera diferencial a los contribuyentes.
Ante la pregunta sobre cómo explica que el empresario Lázaro Báez haya construido un emporio en los últimos años sin poder justificar de dónde sacó la plata, Echegaray respondió: “Fue la AFIP, bajo mi conducción, la que en 2011 inició una causa penal en el juzgado federal de Bahía Blanca al grupo económico Suris”. A través de este grupo, la firma Austral Construcciones, de Báez, presentaba facturas apócrifas.
El exfuncionario destacó que, en la actualidad, el empresario Juan Suris está encarcelado. “Pero Báez no”, le recordó Nelson Castro. A lo que Echegaray justificó que son los tiempos y plazos de la Justicia y agregó:“Báez va a terminar preso, por las facturas apócrifas. Por una gestión que iniciamos nosotros”, sostuvo.
Sobre el caso de Cristóbal López, el extitular de la AFIP manifestó que el plan de pagos que se le dio estaba dentro de la ley en el artículo 32. “Una vez que se cumple con las metas de recaudación, la ley le asigna la facultad a la AFIP de otorgar facilidades de pago a empresas que por una situación financiera no llegan a pagar a término”, dijo.La actual administración de la AFIP denunció al Grupo Indalo de López por presunta “insolvencia fiscal fraudulenta”.
Según TN, Echegaray sostuvo que el plan de pagos a Cristóbal López no se trató de una maniobra para empresas amigas sino que se le otorgó a todas las que lo pidieron y cumplían las condiciones. “La diva más importante de los medios también lo tuvo”, lanzó el funcionario aunque no detalló a quién se refería.
Los requisitos para acceder a este beneficio eran tres: mantener la planta laboral, no distribuir los dividendos ni dividir la sociedad. Echegaray detalló que se le dio un plan de pago a la firma OIL Combustibles de 30 cuotas y otro al Grupo Indalo de 60.
Echegaray fue designado como jefe de la Auditoría General de la Nación (AGN), con votos de legisladores kirchneristas en el Congreso -el blque del FPV fue la primera minoría hasta la escisión del grupo liderado por el diputado Diego Bossio. A principios de año, el pasado 5 de Enero, consiguió el aval del gobierno para asumir en lo que parece un acuerdo político: Echegaray podría haber intentado resistir al frente de la AFIP, pero presentó su renuncia. Sin embargo, deberá dejar el principal órgano de contralor del Estado, si avanza alguna de las causas en las que se lo investiga. Así lo determinaron los titulares de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y Senadores, Gabriela Michetti, a través de una resolución conjunta.
Según La Nación, el escenario que daría inicio al proceso de remoción es lejano, al menos por ahora. Echegaray no está procesado en ninguna causa y el año pasado fue sobreseído en tres denuncias judiciales -entre ellas la que apunta a una posible protección a Lázaro Báez. Sólo cuenta con un pedido de declaración indagatoria, presentado por el fiscal Jorge Di Lello, en la causa Ciccone. El juez de ese expediente, Ariel Lijo, no tiene previsto citarlo.
