El titular del Cademis, Martín Ayala, confirmó esta tarde que la comisión directiva de la entidad, en forma unánime, votó por solicitar la dimisión de este integrante del Superior Tribunal de Justicia, a días de confirmarse que trabajó contratado por la EBY durante la gestión de Oscar Thomas, entre 2012 y 2015. “Entendemos que por el decoro quien reviste la más alta magistratura, este ministro tiene que dar un paso al costado”, sentenció el abogado, aunque aclaró que el Juicio Político debe definirlo la Cámara de Representantes de la provincia.
Este miércoles, el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), decidió solicitar la renuncia del Ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Sergio César Santiago, a días de confirmarse que estuvo contratado en la Entidad Binacional de Yacyretá, entre 2012 y 2015, cuando ejercía su cargo en el Poder Judicial. “Entendemos que por el decoro quien reviste la más alta magistratura, este ministro tiene que dar un paso al costado”, enfatizó el titular del Cademis, Martín Ayala, quien anticipó que investigarán qué tareas y funciones realizó Santiago, quien se desempeñó –según el contrato- para “elaborar un trabajo de ordenamiento sistemático de cuestiones y documentos relacionados a un caso de arbitraje”, junto a “otras tareas que no están muy precisas”. El escándalo estalló cuando se hizo pública la información sobre los servicios que prestó Santiago para la EBY dirigida con el rovirista Oscar Thomas.
En diálogo con M4, Ayala reveló que la comisión directiva analizó la información recibida el lunes, remitida por la Entidad Binacional de Yacyretá, que, como anticipó PoderyPolítica, confirmó el vínculo contractual por el que el Ministro cobró más de un millón de pesos en sueldos mensuales de entre 30.000 y 45.500 pesos, entre Mayo del 2012 y Abril del 2015. El doble cargo en el que incurrió fue considerado “factible” por el propio Santiago, escudándose en que se lo contrataba para tareas vinculadas a la formación de asesores jurídicos de la EBY, aprovechando su experiencia en un caso de arbitrio.
“De esa información (presentada por la EBY) surge que Santiago había estado contratado para elaborar un trabajo de ordenamiento sistemático en un caso de arbitrio, con la posibilidad de que se le encomienden otras tareas que no están muy precisas”, relató el abogado esta tarde. E inmediatamente, agregó: “Llegamos a la conclusión de que esa conducta desplegada por este ministro, no se compadece con la investidura que debe ostentar un magistrado de la provincia”.
“Nos obliga a pedirle la renuncia, sin perjuicio de continuar con la investigación para develar qué tipo de tareas y actividades realizó durante esos años para la EBY a cambio de una emuneración o un ingreso, en aras de poner toda esta información a quienes tienen que juzgar su conducta, que en este caso es la Cámara de Diputados”, sentenció el titular del Cademis, dejando en claro que un Juicio Político sólo puede ser llevado a cabo por la Legislatura.
Consultado al respecto, Ayala insistió en que “entendemos que por el decoro quien reviste la más alta magistratura en el Poder Judicial de la provincia de Misiones, este ministro tiene que dar un paso al costado. Esto tiene que ver con la ética y moral, que tiene que revestir un funcionario. Tiene que cumplir con la ley y probar que la cumple. Tiene que tener una conducta ética e intachable”, subrayó Ayala, poniendo el énfasis en que “afecta a su conducta, el haber estado contratado en la misma entidad en donde ese funcionario prestó servicios entre 2003 y 2009. Ahora entraba nuevamente (2012-2015) en un vínculo contractual con un contrato bastante ambiguo, que no se compadece con las escasas excepciones (previstas por la ley) para que un funcionario desarrolle una actividad más allá de su magistratura”, argumentó el abogado, mucho más determinante que en otros encuentros con la prensa por este tema.
En cuanto a la posibilidad de que Santiago se niegue a renunciar –algo muy factible, porque cuenta con un blindaje en la Legislatura-, Ayala adelantó que “los informes que se van a pedir son para poner a quienes tengan el poder de decisión, las pruebas correspondientes para que evalúen si la conducta de este ministro debe ser sancionada mediante Juicio Político. La continuidad de la investigación, es en aras a este objetivo (el Jury)”, manifestó.
La votación para pedir la renuncia del Ministro, “no sólo fue unánime sino que antes de la reunión hubo comunicaciones previas expresando preocupación y sorpresa ante la accionar de este tipo”, contó Ayala, en obvia referencia a los pedidos de varios abogados reconocidos del foro local, para que el Cademis se pronuncie sin medias tintas sobre este tema de enorme gravedad institucional.
Desde luego, pese a lo precedente, el Juicio Político a Santiago es una posibilidad distante, dado que el oficialismo controla el cuerpo deliberativo con lo que resulta difícil imaginar que diputados renovadores acompañarían un pedido de Jury contra un juez cercano al presidente de la Cámara Carlos Rovira.
Abogados del foro local, pidieron el repudio del Cademis a Santiago
Este miércoles, se conoció que abogados locales y dirigentes políticos, Pedro Brignole, Emilia Juañuk y Ricardo Skanata entregaron una nota en el Colegio de Abogados solicitando que se expida sobre el escándalo por el doble sueldo del Ministro del Superior Tribunal que prestaba servicio en la EBY durante la presidencia de Thomas.
En la nota Brignole, Juañuk y Skanata piden al Colegio de Abogados que se expida repudiando la situación creada a partir del conocimiento de la contratación laboral. “Es de conocimiento público que el Colegio de Abogado de Misiones ha sido anoticiado de que efectivamente este miembro del Tribunal de Justicia de la Provincia ha mantenido una situación laboral en la EBY por más de dos años”, manifiestan en la solicitada.
Además, en la nota los abogados expresan: “Es importante que en defensa del buen nombre y honor del Colegio y de los señores colegiados, se arbitren los medios necesario para procurar el alejamiento de quien con su comportamiento ha violado los principios éticos y morales que deben ser rectores de la conducta de tan alta magistratura”.
Según los abogados, los altos montos abonados por una tarea que no presta en la Entidad, dejan a luz los fines oscuros perseguidos y tornan escandalosa la situación, requiriendo una actitud enérgica y ejemplar del Colegio en resguardo de la conducta intachable que los altos magistrados deben mantener.
“Cabe destacar que sin perjuicio de esta presentación, los firmantes enviaremos una copia de esta nota con la respuesta enviada por la EBY a nuestro colegio, a la oficina anticorrupción de la nación a efectos de que también adopte medidas correspondientes”, sentenciaron.
