Lo ratificó el presidente del Cademis, Martín Ayala, que ratificó que “la función de la Magistratura es incompatible con cualquier otro tipo de actividad”, salvo “escasísimas excepciones”. El pedido de informe apuntaría a dilucidar si es cierto si como ha trascendido, el ministro César Santiago cobró un sueldo como asesor legal de la EBY durante la gestión del rovirista Oscar Thomas. Pero políticamente, obliga a la nueva administración de la Entidad, a ir contra uno de los pilares poder político de la Renovación, si se confirma que ostentaba un doble cargo, violando la Constitución.
Conocidas las versiones periodísticas que señalan que el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, César Santiago, cobraba un sueldo como asesor de la Entidad Binacional de Yacyretá durante la gestión del rovirista Oscar Thomas, el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) tomó cartas en el asunto y solicitó al organismo que preside ahora Humberto Schiavoni, que “ratifique o rectifique” esta información extraoficial. Esta tarde, el titular del Colegio, Martín Ayala, confirmó que han remitido el pedido a la Entidad, que aún no lo ha respondido, porque el documento está siendo analizado en el departamento de Legales en Capital Federal. “La función de la Magistratura es incompatible con cualquier otro tipo de actividad”, admitió Ayala en diálogo con M4, dejando en claro que, de comprobarse, Santiago –y Thomas, que fue quien lo habría contratado-, habrían incurrido en un delito grave, que es causal de pedido de Juicio Político. Desde luego, la iniciativa obliga a Schiavoni a meterse de lleno con uno de los poderes del Estado misionero –el STJ-, ya sea para exculpar o hundir no sólo Santiago, sino también al ultrarovirista Rubén Uset, cuya esposa sería una de las empleadas “ñoquis” en la EBY, con un sueldo de más de 60 mil pesos.
El abogado precisó esta tarde que el Cademis ha presentado un pedido de informe a la EBY “para que ratifique o rectifique la verosimilitud de la denuncia. No nos respondieron todavía porque la nota está en el área de legales de la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, podrá el Colegio y la sociedad decidir qué hacer”, sostuvo el abogado, quien se mostró reluctante a anticipar cuál será la postura del Colegio, si se confirmara el doble cargo de Santiago.
“Corresponde la transparencia”, indicó, añadiendo que “no sabemos quién está involucrado”. “Esto afecta al servicio de justicia porque arroja un manto de sospecha sobre los profesionales”, argumentó Ayala, sobre los integrantes del máximo tribunal de justicia misionero, un órgano muy cuestionado en los últimos tiempos, no sólo por su composición, sino por sus fallos, sistemáticamente favorables a los intereses políticos del gobierno de turno.
Consultado sobre si, de confirmarse que Santiago trabajaba para la EBY mientras se desempeñaba como Ministro del STJ, hay causales para la destitución, Ayala aclaró que tal proceso (el Jury de Enjuiciamiento) es una decisión que le cabe a la Cámara de Representantes –que controla el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, el hombre fuerte detrás de Santiago, Thomas y Uset.
“Existen excepciones en el ámbito académico y educativo, pero la función de la Magistratura es incompatible con cualquier otro tipo de actividad”, contó, añadiendo que “es una noticia de un alto impacto, un hecho muy sensible, en tanto sea confirmado”. Sin embargo, aclaró que “es una cuestión que decide la Cámara”.
“Esto conspira contra el sistema y a los abogados nos preocupa la falta de confianza en la Justicia”, dijo el abogado, insistiendo en que los funcionarios del poder judicial “están imposibilitados de realizar cualquier otra función lucrativa”.
Respecto de los motivos por los que el Cademis solicita informes a la EBY y no al propio STJ, basándose en la Ley de Acceso a la Información Pública, Ayala explicó: “Estoy seguro que el Poder Judicial de Misiones, la información que tiene es que los ocho ministros del Superior, sólo trabajan en la Justicia. Porque de lo contrario, habrían tomado una medida antes. El poder judicial, estamos seguros, que no tiene información que aclare esta circunstancias”, argumentó Ayala, que entre líneas está diciendo que el poder judicial actúa corporativamente en Misiones y jamás actuará en contra de un Ministro que infrinja la ley, en el marco de un contexto en el que el poder político está hiperconcentrado y el oficialismo renovador K controla el Ejecutivo y el Legislativo.
La medida pone en un brete al nuevo consejo administrativo de la EBY que conduce Humberto Schiavoni, que, si ratifica que Santiago incurrió en incompatibilidad de funciones, o que la esposa del ministro Rubén Uset, es una de las beneficiadas por los contratos promovidos por Thomas, estaría abriendo un conflicto político con la provincia. En un marco en el que Nación y provincia negocian temas como la coparticipación, la Reforma Política (adopción de Boleta Única, eliminación de la Ley de Lemas), el apoyo legislativo a proyectos del presidente Mauricio Macri, etc., Schiavoni parece condicionado y este pedido podría empujarlo a un enfrentamiento de ribetes imprevisibles. Por otra parte, si rectificara las informaciones y exculpara a Santiago y Uset, el oficialismo renovador se vería fortalecido al desactivar una amenaza política: que se conozca a nivel nacional, manejos poco claros de los más altos actores del Poder Judicial misionero. Si los hubiera, claro está.
El Colegio de Abogados solicitó se informe si un Ministro del STJ cobraba un sueldo en la EBY
