El fiscal de la ciudad misionera de Eldorado Federico Rodríguez pidió hoy la pena de cinco años de prisión contra María Ovando, de 37 años, acusada del abandono de su hija de tres años, quien murió tras padecer un severo cuadro de desnutrición.
El fiscal pidió que sea condenada por el delito de «abandono de persona calificado, agravado por el vínculo», aunque admitió una serie de atenuantes como el contexto social en que vivía la familia y, en cambio, le achacó no haber prestado la debida atención al estado de salud de su hija.
Fallo. La sentencia contra la mujer sería difundida mañana por el Tribunal Penal 1 de Eldorado, 200 kilómetros al norte de Posadas, ya que la última parte de la audiencia de hoy será dedicada a escuchar el alegato de la defensa de Ovando, informaron fuentes judiciales. La pequeña Carolina, de 3 años, murió en marzo de 2011 y en un comienzo la mujer ocultó el cuerpo, aunque luego admitió que había muerto cuando la llevaba a un hospital.
El caso era seguido desde el comienzo por organismos de derechos humanos y dirigentes políticos de distintos sectores, que lo consideran un acto de «criminalización de la pobreza» debido a la profunda marginalidad en la que vive la familia.
¿Víctima o victimaria? Ovando, de 37 años, es analfabeta, madre de 12 hijos y vivía en condiciones de extrema pobreza.
La mujer llegó al juicio cumpliendo prisión en un penal de Posadas, ya que la justicia consideró que, por tener familiares en Paraguay, podía fugarse.
Rodríguez, al abrir hoy la etapa de alegatos, desestimó la posibilidad de acusar de la muerte de la pequeña a su madre.
Sin embargo, consideró «probado el hecho de abandono, en este caso a (su hija) Carolina», ya que «no hace falta haberse ido» para que se establezca ese delito «sino no prestarle elementales actos de asistencia» frente a un «gravísimo estado de salud, de lo cual la madre era consciente».
En cambio, «el dato de no haberse podido determinar la causa de la muerte, juega en favor de Ramona Ovando porque no pudo establecerse el origen», es decir, «qué enfermedad padecía (la niña) previo a la muerte», destacó.
Con respecto a la situación de vulnerabilidad social de la acusada y la atención de su grupo por parte del Estado, el fiscal Rodríguez puntualizó que «por lo menos Ovando ha mentido diciendo que no tenía plan (de ayuda), que no le habían dado nada», ya que «está probado que sí se le había dado algo».
Contexto de violencia. El fiscal, a modo de atenuante, dijo que se trata de «una persona que vive en la marginalidad y que toda su vida se desarrolla en un ambiente, por lo menos, de violencia».
En ese sentido, admitió que en este caso «es mucho más difícil interpretar pautas de convivencia que en una persona formada, ilustrada y lógicamente esto hace a un mayor estado de vulnerabilidad y menor autodeterminación», sostuvo en una parte de su alegato que estuvo en línea con los argumentos de los organismos que rechazan la judicialización del caso.
