El Fiscal Carlos Rívolo pidió este lunes el procesamiento del exvicepresidente Amado Boudou, por una de las causas judiciales que pesan sobre su persona: las dádivas que habría recibido por parte de una empresa vinculada al Estado nacional durante la administración de Cristina Kirchner, en 2011. El cuestionado juez federal, Norberto Oyarbide, deberá definir para el 10 de febrero -fecha en la que Boudou debe presentarse ante la Justicia, luego de recibir un permiso especial para viajar a México-, la situación procesal del exMinistro de Economía.
En la causa que investiga Rívolo, quedó acreditado que ningún otro senador de la Nación -Boudou presidía el Senado- recibió el mismo ofrecimiento de la empresa Alas del Fin del Mundo, una firma vinculada al Estado por aquel entonces. Y además en diciembre de 2011 -cuando Boudou viajó a Necochea en un vuelo “gratuito”-, la empresa no podía realizar vuelos rentados porque no tenía los permisos de explotación aérea necesarios para operar.
Cuando se bajaron del avión, Boudou y su comitiva, subieron a un helicóptero de la constructora Ecodyma. Quien manejó el helicóptero Bell 407 Long Ranger matrícula LV-CIB aquella vez, fue Marcelo Juan Scaramellini, uno de los dueños de la constructora que ha obtenido contratos de obra pública de diferentes estados. Se corroboró que ninguno de los vuelos fue abonado. El viaje en avión tuvo un costo de 5500 dólares y el de helicóptero de 35 dólares.
Tanto Boudou como Tellechea declararon que sus viajes tuvieron carácter institucional. No fueron viajes de placer. Precisamente es uno de los hechos por los cuales Rívolo pide el procesamiento tanto de Boudou como de Tellechea. Para el fiscal les ofrecieron gratis el avión y el helicóptero por los cargos que detentaban: por eso lo considera una dádiva.
En el pedido de procesamiento presentado por Rívolo al que Infobae accedió en fuentes judiciales, el fiscal considera «incomprensible» que para la realización del viaje Boudou no haya usado una aeronave del Estado. Se comprobó que Tellechea había invitado a Boudou a inaugurar la temporada de verano en octubre de 2011. Y que el viaje se hizo una semana después de que Boudou asumiera como vicepresidente.
Para Rívolo fue fundamental el testimonio que hace unos días brindó el Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, teniente coronel Jean Pierre Claisse, quien aseguró que por entonces estaban disponibles dos helicópteros Sicorsky para que Boudou los utilizara para realizar aquel viaje a Necochea.
El fiscal remarcó que «el carácter ´institucional´ del traslado es un tema de capital importancia en la consumación del hecho, descartado el uso de la flota estatal, las dádivas fueron entregadas por personas extrañas y absolutamente ajenas a la organización del evento a desarrollarse en la ciudad de Necochea, y aceptadas por un funcionario público dentro de ese marco».
Rívolo citó en su argumentación un párrafo de la sentencia firmada en octubre pasado por el juez Julián Ercolini, cuando condenó a Ricardo Jaime por coimero. El ex secretario de Transporte admitió haber recibido «dádivas» de la empresa Trenes de Buenos Aires a la que debía controlar. En aquella causa también se argumentó (como intento de defensa de los imputados) que algunos vuelos eran de «demostración». Ercolini, citado por Rívolo, señaló: «La circunstancia de que los mencionados vuelos hayan tenido carácter de demostración a las empresas mencionadas no les quita el carácter de beneficio. Es que, independientemente de que las prestadoras no hayan recibido un pago en contraprestación, lo cierto es que cargaron con los costos del giro habitual de este tipo de transacciones, como los sueldos de los pilotos, el mantenimiento de la aeronave, entre otros, más allá del uso en sí de la aeronave, que ya tiene un precio de mercado».
Para el fiscal no quedan dudas, por eso pidió el procesamiento de Boudou, Tellechea, Scaramellini y del dueño de la empresa de aviación Nazareno Natale. Unos aceptaron las dádivas que los otros ofrecieron. Ahora decide Oyarbide.
