Sobre el cuestionado régimen de la DJAI (Declaración Jurada Anticipada de Importación) implementado por el inefable exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, como prerrequisito para cualquier importación, se habría montado todo un sistema de cobro de coimas y dádivas manejado por “La Cámpora”. Con la decisión del gobierno de Mauricio Macri, de suprimir este requisito para las importaciones –esto fue anunciado la semana pasada por el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay-, cae este fenomenal negociado de funcionarios “camporistas”, que podrían enfrentar procesos judiciales por el cobro de coimas.
Según una investigación de LPO, la práctica se había generalizado y consistía en cobrar una coima del 10 por ciento a grandes importadores que requerían ingresar mercadería por millones de dólares mensuales. Pero a las Pymes que necesitaban autorizaciones para montos chicos, de algunos miles de dólares mensuales, el peaje era del 15 por ciento «porque si no, no es guita», argumentaban los que controlaban el sistema.
Tras la primera vuelta electoral, y ante la inminencia de una derrota, desde el Ministerio de Economía que conducía el “camporista” Axel Kicillof, habían empezado a agudizar esta práctica. Necesitados de productos y frente a la futura devaluación, a los empresarios le cerraba el pago del 10 o 15 por ciento extra y, por ende, aceptaban el mecanismo ilegal, según LPO.
La operatoria estaba a cargo de la secretaria de la subsecretaria de Comercio Exterior, Paula Español, integrante de la mesa chica de Kicillof, y dependiente del secretario de Comercio, Augusto Costa.
En el ministerio que conducía Kicillof argumentaban que ellos habían dispuesto un sistema online sin contacto con los importadores para terminar con las discrecionalidades de la época de Guillermo Moreno. Sin embargo, los empresarios consultados afirman que aquellos que accedían a pagar coimas podían sortear la barrera digital y eran recibidos.
Las fuentes del sector importador incluso explicaron a LPO que las maniobras se veían a plena luz en los locales comerciales. Tan perverso era el sistema que cuando se acercaban fechas de mucho consumo como el Día de la Madre, Navidad u otras similares, desde la repartición a cargo de Paula Español, empezaban a pisar todas las autorizaciones para obligar a los empresarios, desesperados, a negociar. Lo mismo cuando detectaban que una firma estaba por lanzar algún producto nuevo.
Los empresarios que sufrieron en carne propia el sistema sostienen que las maniobras provenían de la Subecretaría de Comercio Exterior que hasta el 9 de diciembre condujo Paula Español, una economista que respondía a Kicillof y Augusto Costa. Pero en el kirchnerismo niegan que la funcionaria estuviera al tanto de este esquema, una respuesta habitual ante este tipo de denuncias.
Una fuente al tanto de estas prácticas reveló a LPO que Español había montado un círculo de funcionarios afines que sostenían su gestión y estaba integrado por Matías Ginsberg, Andrés Tavosnanska y Matías Alfie. Las fuentes explicaron que debajo de esta línea de funcionarios, cada vez que había una dificultad para destrabar un envío, aparecían «gestores» que ofrecían la solución al problema cambio del porcentaje citado.
En la época de Moreno, a quien los empresarios le reconocen que jamás les hizo una propuesta de este tipo, había sin embargo un peaje a pagar. Cada tanto, el “polémico” Secretario, pedía que aportaran entre el 7 y 8 por ciento del envío para «los muchachos» de UPCN, el gremio de estatales que llevan adelante las distintas estructuras de Comercio.
La sospecha de los empresarios es que las autoridades máximas no podían no estar al tanto de lo que ocurría porque en el último año el sistema se había degenerado y abarcaba prácticamente todos los sectores, era estructural. Tanto era el desbande que las empresas multinacionales a las que se les hacía cada vez más complicado esconder esos pagos extras, empezaron a recurrir a los tribunales para conseguir amparos para destrabar la mercadería.
Pero como la Argentina es una tierra de inagotables oportunidades, salieron de una red para caer en otra: en algunos de los juzgados competentes, en lo que tenía injerencia la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), se les pedía un diez por ciento de retorno para abrir el expediente y sacar el amparo. Con un agravante: cuando en la Secretaría de Comercio a cargo de Español recibían la orden judicial, esa empresa pasaba a ser mala palabra y ya no le autorizaban ninguna importación.
Furiosos, varios de esos empresarios analizan ahora demandar a los funcionarios implicados y pedir a la Justicia que investigue el patrimonio de algunos responsables de la Subsecretaría de Comercio Exterior durante la gestión de Español.
