El Congreso tendrá este martes su primera actividad desde la asunción del presidente Mauricio Macri, con la constitución de la comisión bicameral encargada de dictaminar sobre la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), por delegación legislativa o para promulgar parcialmente una ley. La bicameral se reunirá a partir de las 18 en el Salón Illia del Senado para definir sus miembros y autoridades, en un encuentro donde Cambiemos reclamará la presidencia, a pesar de que el Frente para la Victoria cuenta con la primera minoría.
La comisión había quedado provisoriamente en manos del camporista Marcos Cleri, quien seguirá integrándola junto con sus pares en la Cámara de Diputados Diana Conti y Juliana Di Tullio, y los senadores Mario Pais, Juan Manuel Abal Medina, Pedro Guastavino, Juan Manuel Irrazábal y Graciela De la Rosa. Por la oposición, conformarán la bicameral los diputados Nicolás Massot, Pablo Tonelli (Unión Pro), Mario Negri y Luis Petri (UCR), Raúl Pérez (UNA) y los senadores Ángel Rozas, Luis Naidenoff (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá (Interbloque Federal).
El primer decreto que la comisión deberá tratar es el que contiene las modificaciones a la Ley de Ministerios, que ingresó al Congreso este mismo lunes, indica parlamentario.com. Los 20 ministerios que conformó Macri son los del Interior, Obras Públicas y Vivienda; Relaciones Exteriores y Culto; Defensa; Hacienda y Finanzas Públicas; Producción; Agroindustria; Turismo; Transporte; Justicia y Derechos Humanos; Seguridad; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Desarrollo Social. También los de Salud; Educación y Deportes; Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Cultura; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Modernización; Energía y Minería; y Comunicaciones.
El kirchnerismo está en condiciones de retener la presidencia de la Bicameral, pero hacerlo implicaría ponerse en pié de guerra contra el Ejecutivo Nacional, con las consecuencias políticas que ello acarrearía: desgaste para los legisladores K que serán cuestionados por “poner palos en la rueda” o impedir la gobernabilidad. Por otra parte, no hay que olvidar que el gobierno de Macri puede presionar a las provincias de diferentes maneras, por lo que presidir la comisión, podría traerle más de un dolor de cabeza a los senadores y diputados de la oposición. De hecho, hay que recordar que el misionero Irrazábal, ya desafió las órdenes de Cristina Kirchner para vaciarle la jura presidencial a Macri, el pasado 10 de diciembre. El Bloque del FpV en senadores, dio libertad de acción a los integrantes, pero “Juanchi” podría no haber asistido a la ceremonia, como lo había decidido el bloque de diputados K, en los días previos.
La Comisión Permanente de Trámite Legislativo es el único organismo del Congreso que trabaja a pesar del receso de verano. Su tarea es dictaminar sobre la validez o invalidez de los decretos que firman los presidentes por razones de “necesidad y urgencia” (DNU), por delegación legislativa o para promulgar parcialmente una ley. Se trata de una de las comisiones estratégicas para la gobernabilidad de los presidentes, por cuanto es la instancia previa para que las cámaras del Congreso determinen mantener o derogar las medidas por las cuales el Poder Ejecutivo sortea al Poder Legislativo.
En su primera semana como presidente, Mauricio Macri firmó algunos DNU que generaron polémica. El que más ruido generó fue aquél por medio del cual se designó a dos jueces de la Corte sin audiencias públicas y sin aval del Senado, el cual fue justificado por el receso parlamentario. Sin embargo, la medida ya fue declarada inconstitucional por la Justicia.
Otro decreto que generó polémica fue el que puso a la AFSCA y a la AFSTIC, autoridades de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, a pesar de que ambas normas establecen que los organismos deben ser autárquicos. Y a esto se sumaron las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien confesó públicamente que el presidente gobernará por medio de DNU si lo considera necesario. Esto mismo generó malestar en la UCR y la Coalición Cívica, los aliados del partido de gobierno.
Pero aunque la presidencia de la comisión siga en manos del kirchnerismo y este logre firmar un despacho de mayoría en contra de un decreto, la medida podría mantenerse firme. Sucede que la Ley 26.122 de 2006 que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los DNU fue diseñada de manera tal de tratar de garantizar una de las dimensiones de la gobernabilidad de los presidentes: que puedan tomar decisiones. En ese entonces, la mayoría kirchnerista resolvió que una vez firmados los dictámenes los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero que continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario.
Así, por más de que la comisión dictamine en contra de la validez de un DNU, basta con que las cámaras legislativas no lo traten para que el decreto siga en pie.
