Finalmente se confirmó lo que había adelantado este medio el pasado 18 de Febrero: a través de un escrito oficial, la Entidad Binacional de Yacyretá ratificó que el Ministro del Superior Tribunal de Justicia César Santiago, estuvo contratado por el organismo nacional entre 2012 y 2015, mientras ejercía su cargo en el máximo tribunal misionero. La nota que revela fechas, montos y funciones previstos en el contrato que firmaron Santiago y el exDirector Ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas, fue remitida al STJ y al Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), que se reúne este miércoles para estudiar si el ministro incurrió o no, en el delito de “incompatibilidad de funciones”. El contrato fue confeccionado a medida, para hacer pasar como tareas de “docencia”, lo que fue un suculento contrato: Santiago cobró 45.500 pesos mensuales desde Enero a Diciembre del 2015 –unos 545.000 pesos en el año-, pero además, comenzó a trabajar en Mayo del 2012. Se estima que superó holgadamente el millón de pesos por los casi cuatro años de contrato por “tareas de capacitación” a los asesores jurídicos de la EBY.
El Cademis se reúne este miércoles para determinar si Santiago incurrió o no, en una causal de Juicio Político y destitución, puesto que la Constitución provincial establece claramente que ningún ministro puede ejercer actividades lucrativas mientras se desempeña en el cargo. Sin embargo, el contrato está pensado para proteger a Santiago, al definir las tareas para las que fue contratado, en el ámbito de la docencia.
Este lunes, la EBY, bajo la administración del Director General Humberto Schiavoni, contestó al pedido de informes del Cademis a través de un escrito que confirma el “doble cargo” de Santiago. El escrito publicado en el sitio oficial del Colegio fue firmado por el asesor jurídico Alejandro Tonelli, quien indica que el único integrante del STJ que fue contratado en la EBY fue Santiago, que fue asesor jurídico de la entidad, entre el 16/7/2003 y el 27/11/2009 (se desempeñó como Director del Proceso Arbitral). Luego, dejó ese cargo para asumir en el STJ. Pero unos tres años más tarde, el 22 de Abril del 2012, “el anterior Director Ejecutivo (Thomas), le consultó al Dr. Santiago si se encontraba en condiciones de brindar su colaboración en los siguientes términos: ‘con el propósito de consultarlo acerca de vuestra posibilidad de asumir conforme a su experiencia de unos ocho años en la EBY, la realización de un trabajo de investigación y docencia que permita sistematizar y difundir la abundante y compleja información del proceso arbitral para que quede como patrimonio de la Entidad’ a lo que el Dr. Santiago según consta en su legajo personal respondió afirmativamente”.
Santiago responde al pedido de Thomas, resaltando que se trata de “un trabajo de investigación y docente que permita sistematizar esa información para que quede como patrimonio de la EBY, (…) de acuerdo a mi status laboral actual (fines de Abril del 2012), este tipo de tareas es completamente factible”, responde el Ministro, aceptando un contrato rentado mientras percibe otro sueldo del Estado.
El asesor Tonelli continúa su escrito señalando que con posterioridad al pedido de Thomas, en Mayo del 2012, “se formalizó el contrato de prestación de servicios, en el que se instrumentaba la función del Dr. Santiago como contratado a los efectos de prestar tareas ‘de capacitación dirigidas a través de clases, conferencias, seminarios, foros a todos y cada uno de los integrantes de la Asesoría Jurídica, trasladando la tarea de investigación encomendada a la formación de los recursos humanos de dicha tarea’. (…) Estos contratos fueron renovándose sucesivamente, desde su inicio en forma anual hasta su finalización por decisión del propio Santiago”, indica el asesor de la EBY. Cabe aclarar que el contrato firmado, fijaba como fecha de finalización, el 31 de Diciembre del 2015, pero Santiago dio por terminado el vínculo, unos ocho meses antes.
La nota de la EBY al Cademis y al STJ adjunta los contratos que firmaron Thomas y Santiago, los cuales arrojan luz sobre los montos percibidos: desde Mayo a Diciembre del 2012, Santiago cobró 30 mil pesos mensuales; y en los últimos cuatro meses de su contrato, percibió 45.500 pesos mensuales. Es decir, 240.000 pesos en el primer año y 182.000 en el último, a lo que hay que añadir las sumas del 2013 y 2014 –a priori más de 720.000 pesos. De lo que se extrae que Santiago, superó holgadamente el millón de pesos por cuatro años de tareas de “capacitación”.
Como fue expuesto más arriba, el Cademis se reunirá el próximo miércoles para estudiar el caso para determinar si hay incompatibilidad de funciones por parte de Santiago y si corresponde el pedido de Juicio Político. Desde luego, en una Cámara de Representantes controlada por el diputado provincial Carlos Rovira, se espera que no prosperará ningún pedido de destitución contra uno de los ministros de su riñón político –el STJ ha producido fallos en beneficio de Rovira y del partido gobernante, como cuando convalidó el reparto inconstitucional de bancas en la Legislatura en 2011. De todas formas, que un ministro del máximo órgano del poder judicial misionero cobre un doble sueldo es un hecho inédito en la historia política de la provincia.
