El presidente le sacó al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitad el programa de urbanización de los barrios populares y lo traspasó a Desarrollo Social, se trata de una caja millonaria controlada por Juan Grabois.
El conflicto por las tomas de tierras le costó a María Eugenia Bielsa una de las cajas más importantes que tenía en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Alberto Fernández le sacó la urbanización de los barrios populares, un área controlada por Juan Grabois, y la traspasó al Ministerio de Desarrollo Social.
A través de un DNU, el presidente le otorgó a la cartera que conduce Daniel Arroyo el control de la «ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)».
El Renabap estaba hasta hoy a cargo de la secretaría de Integración Socio-Urbana del ministerio que conduce Bielsa. Pero en los hechos quien maneja esa secretaría es el líder de la CTEP, Juan Grabois, a través de dos dirigentes de su espacio, Fernanda Miño y Fernanda García Monticelli.
Miño y García Monticelli (secretaria y subsecretaria, respectivamente) trabajaron en la elaboración del Renabap, un mapa de 4400 barrios populares que fue la base de la ley de regularización dominial y que ahora es el eje de un ambicioso plan para urbanizar las villas.
Todo indica que la secretaría de Integración Socio-Urbana se mudará al Ministerio de Desarrollo Social y que Miño y García Monticelli seguirán al frente. La jugada de Alberto sumará un factor de tensión entre Arroyo y los movimientos sociales, que controlan gran parte de la cartera. En varias oportunidades Grabois ha sido muy crítico del ministro.
La urbanización de los barrios populares es una millonaria caja que se queda con el 9 por ciento de lo que el Estado recauda con el impuesto PAIS a la compra de dólares. Además, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) recibirá el 15 por ciento de lo que se recaude por el impuesto a la riqueza, de ser aprobado por el Congreso.
Fuente: La Política On Line
