Posadas. La Justicia misionera se encuentra envuelta en medio de un escándalo que salpica a la máxima conducción de la corte local, y que podría colocar a un miembro de ese prestigioso cuerpo al borde de un juicio político de destitución.
En las últimas horas, trascendió que la asesoría jurídica de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) habría confirmado que un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones figuraba como “empleado vip” en las oficinas locales de la entidad, cobrando un suculento sueldo como asesor jurídico siendo que las Leyes y la Constitución provincial consideran “incompatibles” esa doble función.
Se trata del abogado Sergio César Santiago, quien asumió la más alta magistratura en octubre de 2009, con el ferviente apoyo de los diputados renovadores que comandan el eterno presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Carlos Eduardo Rovira.
Es más, en 2014, Santiago, un abogado de origen alterachista y socio político de los hermanos Oscar y Pimpi Thomas, llegó a ejercer la presidencia del STJ, cuando al mismo tiempo cobraba un importante salario como asesor de la EBY.
Casualmente Santiago, dejó las oficinas del Gobierno Provincial en 2003, donde se desempeña en la órbita de la Jefatura de Gabinete, para conquistar un mejor salario y proyección laboral en las oficinas de la EBY, apenas el arquitecto Oscar Thomas asumió como director ejecutivo, ese mismo año.
En 2009, a instancia de los Thomas, con quienes incluso conformó una consultoría que facturaba millones a Yacyretá, fue propuesto para ocupar una vacante en el Superior Tribunal de Justicia.
Fue un mero trámite y con la venia de roviristas y clossistas (los que impulsaron en ese mismo movimiento político a Froilán Zarza), el abogado Santiago se convirtió en uno de los siete ministros de la denominada “mayoría automática” Renovadora K.
Pero Santiago nunca dejó su cargo en la EBY y siguió cobrando como asesor y ministro de la Corte provincial, siendo que la Constitución misionera impide que un alto magistrado de ese poder tenga otra actividad rentable en oficinas del Estado nacional, provincial o municipal.
De acuerdo a las primeras versiones, las autoridades de la EBY remitieron este jueves 18 de febrero de 2016 las notas de comunicación, sobre la “situación laboral” de Santiago, tanto al Colegio de la Abogados de Misiones como al propio Superior Tribunal de Justicia.
En esas notificaciones, reclamada por el gremio de los abogados locales, la EBY confirmaría que Santiago siempre conservó su relación laboral con la entidad binacional, a pesar de haber asumido como juez de la Corte en octubre de 2009.
La documentación está en pleno tránsito hacia la provincia de Misiones y, una vez confirmado oficialmente el supuesto incumplimiento a las leyes, el ministro César Santiago podría quedar expuesto a un juicio político de destitución por incurrir en el delito de “incompatibilidad de funciones” inherentes a su cargo.
Es que, para un magistrado, de acuerdo a los que impone la Constitución y las leyes que rigen la vida del Poder Judicial, es incompatible sus funciones con toda actividad política, sea partidaria o electoral, con el ejercicio del comercio, “y con la realización de cualquier actividad profesional salvo que se trate de intereses propios, de los del cónyuge, de los padres o de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados rentados, electivos o «ad honorem»…”.
En el Colegio de Abogados de Misiones, presidido por Martín Ayala, aguardaban con cierta impaciencia -para este fin de semana- la confirmación o no de que Santiago haya incurrido en una violación flagrante a la Carta Magna, como “empleado vip o ñoqui” en Yacyretá, durante los últimos seis años, desde que asumió como juez de la Corte provincial.
De corroborarse la especie que surgió desde las oficinas de Puerto Madero de la EBY, todo indicaría que Santiago siguió cobrando un sueldo de varios ceros como empleado de Yacretá, siendo que su cargo de ministro se lo impedía expresamente.
