Tras los resultados de las últimas elecciones generales del 25 de octubre, la justicia electoral de la provincia decidió no respetar las minorías parlamentarias. En una resolución, definió otorgar a la Renovación K, 129 bancas que constitucionalmente le corresponden a las minorías, en 65 municipios misioneros. De hecho, la resolución del Tribunal Electoral de Misiones (TEM) que preside el exapoderado renovador, Rubén Uset, dejó 48 Concejos Deliberantes sin ediles opositores e inclusive, contradice lo que el organismo definió en 2011, en el también inconstitucional, reparto de bancas de aquel año, en el que se garantizó la presencia de, al menos, un edil por las minorías. Esta tarde, el Ministro de Gobierno Jorge Franco, superó todos los límites posibles, al defender esa decisión que favorece a su partido y viola lo señalado por el artículo 48, inciso 5, que garantiza un tercio de la representación legislativa para las minorías. El diputado nacional electo dijo que habría que “revisar la legitimidad de la Constitución Provincial”, porque, según su visión, la Carta Magna no puede estar por encima de la “voluntad popular”.
“El sistema electoral que regirá para la integración de los cuerpos colegiados deberá conceder, bajo pena de nulidad, representación a la minoría o minorías, que no podrá ser inferior al tercio del total”, expresa en el artículo 48, inciso 5 de la Constitución Provincial donde se ampararon los espacios políticos de la oposición para solicitar al TEM que dé marcha atrás con la resolución. Finalmente el pedido fue rechazado el último viernes en el acta 933 firmado por el presidente del Tribunal Electoral de Misiones, Rubén Uset; de la Vocal titular, Celina Silveira Márquez; del Vocal Titular César Yaya; de la secretaria Irma Gisela Hendrie y de pro secretario Fabián Alejandro Benítez.
En diálogo con MisionesCuatro el Ministro de Gobierno de la provincia Jorge Franco opinó sobre el tema y aseguró que “es una cuestión de la justicia electoral y tiene criterio para tomar decisiones”. De manera contradictoria, el diputado electo manifestó que con esta resolución “vale el voto de la gente”. Además, justificó el fallo del TEM y planteó discutir la “legitimidad” de la Constitución Provincial. Las declaraciones pretenden validar una decisión claramente inconstitucional, que dejó incluso a la segunda ciudad de la provincia –Oberá- sin ediles por la oposición, y que inclusive va en contra de lo definido por este Tribunal, en 2011, cuando otorgó a la Renovación K, 18 de las 20 diputaciones provinciales en disputa. Pero al menos, permitió que haya al menos un edil opositor en cada uno de los 75 municipios controlados por el kirchnerismo misionero.
De hecho, el fallo del TEM del 2011 fue suprimido del portal de la Justicia Electoral provincial, para que no quede en evidencia el curioso cambio de criterio de una elección general a otra.
Sin embargo, lo llamativo es que un dirigente de peso como Franco opine que la Constitución Provincial no es legítima y por ello, cuando al oficialismo le conviene, es lícito violar su artículo 48, inciso 5. En lugar de introducir una enmienda en el articulado o convocar a una constituyente para sancionar una nueva norma que rija los destinos de la provincia, el oficialismo y el poder judicial manejado por el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Rovira, opta por incumplir las normas, e incluso, sin un criterio unificado.
