El Director por Misiones de la Entidad Binacional de Yacyretá, Martín Goerling ratificó que los consejeros cercanos al anterior Director Ejecutivo del organismo, Oscar Thomas, cobraron una suma cercana a los 4 millones de pesos en calidad de indemnización, como si se tratara de funcionarios de carrera. La escandalosa autoindemnización será denunciada ante la Oficina Anticorrupción nacional, de acuerdo a lo que ratificó esta semana, el flamante consejero y joven dirigente del PRO. “No sabemos si hay una posibilidad de que devuelvan este dinero”, admitió el funcionario, en una entrevista a un matutino de Posadas. El cuestionado y antiético autopago por renuncia firmado por los consejeros Daniel Muguerza, Mirta Susana Monti, Jorge Antonio Romero y Raúl María Noceti, con el aval del propio Thomas, fue dejado sin efecto por el nuevo Consejo Administrativo que encabeza el titular de la Entidad Binacional, Humberto Schiavoni, pero las sumas ya fueron cobradas y al no estar vigente una norma de Extinción de Dominios, los exfuncionarios no están obligados legalmente a devolver las millonarias sumas. El caso salió a la luz gracias a una primicia exclusiva de PyP, que tuvo una fuerte resonancia inclusive a nivel nacional.
Los “muchachos de Thomas” cobraron indemnizaciones cercanas a los 285 mil dólares cada uno, gracias a la Resolución Nº 3239/12 que ellos mismos aprobaron en el Consejo de Administración de la Entidad, según lo confirmó Goerling. Los cuatro exfuncionarios, ejercieron sus cargos durante los últimos 12 años.
“En principio esa Resolución fue tomada por el máximo órgano de la entidad en su conjunto, por lo cual puede haber sido válida, lo que no quiere decir que no sea antiética y cuestionable”, comentó el nuevo Director, adelantando que el departamento legal estudia los pasos a seguir y no descarta el reclamo de la devolución de lo cobrado. Asimismo, Goerling dejó a entrever que el propio Thomas podría haber cobrado una suma idéntica a la de los consejeros que lo acompañaron en una verdadera “Década Ganada” para estos exfuncionarios kirchneristas. “No sé si cobró Thomas, pero si lo hizo está en la misma situación que los que sí lo hicieron”, soltó el flamante director por Misiones.
Volviendo al tema de la autoindemnización de los exconsejeros, Goerling informó algunos días después de que estallara el escándalo: “Derogamos la Resolución para adelante y todavía no sabemos si hay una posibilidad de que devuelvan este dinero”, dijo. “A priori la resolución fue legal porque fue tomada por el Consejo de Administración. Sí es legítima. Si es ética, se corresponde con otra discusión. Mientras, los abogados analizarán si estos pagos van en contra de la Ley”, aseguró, informando que el departamento de legales está estudiando si se cometió un delito –más allá de la sanción ética o moral implícita en el pago de una indemnización en un cargo político, por el que no se concursa.
Según el joven consejero, también pusieron al tanto de la situación a la oficina anticorrupción que conduce Laura Alonso, y al Ministerio de Modernización a cargo de Andrés Ibarra, quien monitorea a nivel nacional la “limpieza” de ñoquis en todos los organismos públicos.
“Vamos a hacer todas las denuncias que tengamos que hacer en los ámbitos donde tengamos que hacerlas porque ese es el mandato presidencial que tenemos que respetar”, señaló Goerling a un diario posadeño.
Remarcando que los cargos políticos no pueden cobrar indemnizaciones, Goerling planteó: “Nunca un consejero fue empleado de la EBY. Es un funcionario político que nombra el presidente por Decreto, que está por fuera de la estructura administrativa del personal y jamás tuvo una indemnización por cargo. Lo pone el presidente y lo saca el presidente. Jamás hubo en la historia de la Entidad una indemnización a un consejero, y menos por renuncia”, explicó el funcionario.
“Cuando comenzamos a analizar esta Resolución de finales de 2012 que se aprobó justo después de que los consejeros cumplieron diez años en sus roles, vimos que además tiene un agravante: establece que cuando pasan los diez años la indemnización debe ser doble, es decir dos sueldos por año. Cobraron veinte sueldos, un promedio de cuatro millones de pesos cada uno”, graficó Goerling, confirmando la primicia de PyP, el primer medio del país en difundir la explosiva información que desnuda la turbia gestión del arquitecto Thomas.
Finalmente, Goerling lanzó una denuncia sin individualizar al responsable, la cual puede causar un cimbronazo político, porque involucra a uno de los poderes del Estado Misionero: el Superior Tribunal de Justicia. Goerling confirmó que existió una “clara incompatibilidad” en relación a lo que efectivamente cobró un alto funcionario de la justicia, y cuyo caso será elevado a la Oficina Anticorrupción.
El consejero evitó dar nombres pero reiteró que el Departamento Jurídico de la EBY “está analizando la posibilidad de denunciar los casos de incompatibilidad. Donde hubo incompatibilidad de funciones, las denuncias van a ir a otros ámbitos, estamos hablando de funcionarios que claramente tenían una incompatibilidad para cobrar en la EBY”.
“No puedo decir nombres porque está el tema en Legales. Sólo puedo confirmar que vamos a seguir el mandato que nos dio el Presidente de la Nación de transparentar todo y hacer las denuncias correspondientes donde haya que hacerlas, y que hubo personas que con clara incompatibilidad de funciones siguieron cobrando en la EBY, eso lo confirmo”, explicitó el funcionario, respecto de una fuerte sospecha que corre por los pasillos del Palacio de Justicia: que el Ministro del STJ, César Santiago, cobraba un sueldo como asesor de la EBY mientras se desempeñaba en el máximo tribunal misionero –una clara causal de destitución.
