Como ocurriera en hace tres años en Candelaria, el feudo del intendente renovador Carlos Flores, fue denunciado otra escandalosa entrega de pensiones truchas, esta vez en Santo Pipó. En una presentación conjunta entre los precandidatos a gobernador y vice por el radicalismo, Gustavo González y Luis Pastori, respectivamente, el primero aseveró: “Hay una situación irregular de 48 personas, familiares y amigos de la intendente Mabel Cáceres, que cobran más de 2.400 pesos mensuales por supuesta invalidez.” Ambos legisladores aseguraron que solicitarán informes sobre la irregular situación que ya tiene varios antecedentes en la provincia gobernada por el partido de Maurice Closs y Carlos Rovira, desde 2003.
Los legisladores que integran la fórmula a la gobernación por la UCR, denunciaron públicamente a las autoridades municipales de Santo Pipó y a la delegación misionera de la ANSeS (Administración Nacional de Seguridad Social), por supuestas irregularidades en la entrega de pensiones por invalidez a un total de 48 personas. Lo escandaloso del caso es que todos los beneficiados son familiares y amigos de la intendenta renovadora, Mabel Cáceres. También resultan ser “discapacitados” familiares y allegados de otros funcionarios municipales y ex candidatos a concejales por el partido de Closs y Rovira.
Según la denuncia, estas personas “con discapacidad” estarían recibiendo a la fecha, 2.476,98 pesos mensuales cada uno, en la mayoría de los casos desde el año 2010.
“En Santo Pipó es vox populi que las personas allegadas a la intendente cobran dinero del Estado sin realizar ningún tipo de trabajo o contraprestación, más grave aún sería este caso donde habría falsificación de certificados médicos por invalidez”, comentó González, en rueda de prensa.
Por su parte, Pastori advirtió sobre el alcance de la denuncia que “esta semana ingresará a la Cámara de Diputados de la Nación, un pedido de informes sobre la situación de las personas que cobran pensiones por invalidez de manera fraudulenta en todos los municipios de la provincia. A su vez llevaremos estas pruebas a la justicia para que tomen cartas en el asunto”, sentenció el legislador nacional.
El precandidato a gobernador retomó la palabra para advertir sobre los montos que estarían siendo desviados a través de estas Pensiones No Contributivas. “Estamos hablando de más de 1 millón 400 mil pesos por año, que se estarían despilfarrando entre estos familiares y amigos de la intendente, que si sumamos a las irregularidades en la entrega de pensiones de todos los municipios de Misiones, como ya salió a la luz en Candelaria y El Soberbio, estamos ante un verdadero escándalo de corrupción de millones de pesos”, disparó.
“Queremos decirle sociedad que la corrupción implica que el dinero que tendría que ir a mejorar el salario a los docentes o de la salud pública, termina despilfarrado en cualquier otro lado. Este gobierno no tuvo ni tendrá la voluntad de terminar con la corrupción, por eso es que tenemos que denunciar estos hechos”, expresó el diputado eldoradense González, en flamígeras declaraciones en pleno año electoral.
A través de un comunicado de prensa, los legisladores adelantaron que el pedido de informe que se presentará en la Cámara de Diputados de la Nación, apunta a detectar si hubo falsificación en la firma de los certificados médicos otorgados por la institución sanitaria responsable de emitir los mismos. A su vez, los legisladores manifestaron que realizarán una denuncia en la Justicia a fin de dilucidar las irregularidades en la entrega de pensiones en Santo Pipó y otros municipios de la provincia.
El escandaloso caso que golpea a la imagen del gobierno provincial –recuérdese que prácticamente la totalidad de los municipios son del mismo signo político que el oficialismo-, es uno más de una serie de maniobras oscuras que no han sido dilucidadas por la justicia misionera. En 2012 se conoció el escándalo de Candelaria: una decena de familiares directos y allegados del intendente Carlos Flores, cobraban las Pensiones No Contributivas (PNC) por supuesta discapacidad.
Años atrás fue denunciada una maniobra similar en El Soberbio, con no menos de 30 personas que tampoco tendrían discapacidad alguna. El alcalde renovador de esa comuna, no sólo fue destituido sino que además, está preso en el marco de varias causas judiciales por peculado y desvío de fondos. Semanas atrás un agricultor denunció a una médica que sería allegada a la senadora de la Renovación, Sandra Giménez, por cobrar 500 pesos por los certificados de discapacidad, que son una exigencia para la renovación de las pensiones. Esta maniobra ocurrió en San Vicente y se descubrió porque la médica no podía utilizar el sello del hospital local, porque es directora del centro de salud de Dos de Mayo.
Así pues, las maniobras con las pensiones son moneda corriente entre los jefes comunales de la Renovación, en el interior de la provincia. Con la posible anuencia del poder judicial misionero y del poder judicial federal, que no avanzan sobre los alcaldes del partido aliado al kirchnerismo. En este contexto, la denuncia de los diputados radicales viene a reforzar las sospechas de corrupción entre funcionarios renovadores, en una compleja trama que salpica al partido oficialista. Pero además, la presentación y pedido de informes posibilitan instalar el tema de la corrupción en el gobierno renovador, con lo que pasa a un segundo plano la feroz interna actual del radicalismo misionero.
