Luego de un inicio de mandato turbulento respecto de su relación con el titular de la Corte Suprema, el presidente Mauricio Macri acordó con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, tras recibirlo en Casa Rosada, suspender hasta febrero la jura de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, a quien el presidente propuso por decreto para ocupar las vacantes del Máximo Tribunal. Ahora, el Jefe de Estado y el magistrado llegaron a un acuerdo para elegir al presidente de la Magistratura, que se definirá entre este martes y el miércoles.
El candidato de Macri, Lorenzetti y Ernesto Sanz -el radical que tiene una relación muy fluida con el titular de la Corte-, es Miguel Piedecasas, representante de los abogados del interior del país.
Piedecasas es muy cercano a Lorenzetti y hasta tendrían intereses comunes en el negocio editorial y en la publicación de las versiones oficiales del nuevo Código Civil -muy respaldado por el presidente de la Corte- con la casa Rubinzal Culzoni. El abogado tendría el camino allanado para convertirse en el presidente puesto que reunirá al menos la mitad de los 12 consejeros que votarán esta semana. El Consejo tiene 13 miembros, pero, según LPO, el kirchnerismo no pudo elegir el último representante del Poder Legislativo porque se acabaron las sesiones ordinarias.
En este contexto, Macri aportaría un voto clave para que Piedecasas reúna seis votos: el de Juan Bautista Mahiques, flamante funcionario del ministerio de Justicia y representante del Ejecutivo en la Magistratura. Sanz, por su parte, garantiza el voto del chaqueño Ángel Rozas y del diputado correntino Gustavo Valdés. Los otros dos votos los esperan por parte de los jueces Léonidas Moldes y Luis Cabral. En Tribunales ya hablan de la hegemonía de “La trova santafesina” en la Justicia, puesto que tanto Lorenzetti como Piedecasas y Rosatti nacieron en la provincia de Santa Fe.
Se trata del organismo encargado de analizar la actuación de los jueces de la nación, como facultades para remover magistrados, de allí que se transforme en una herramienta clave para disciplinar jueces. Desde luego, Macri tiene sobrados intereses por ejercer una influencia en la Magistratura, pero, al menos por ahora, por motivos diferentes de los del kirchnerismo: en la última etapa del régimen de Cristina Fernández, era crucial frenar investigaciones judiciales sobre funcionarios K sospechados de corrupción. En ese marco, el kirchnerismo impulsó una normativa para designar a los consejeros por «voto popular», es decir, en elecciones, integrando listas de partidos políticos.
