Rodolfo Barreto declaró ante el juez que mantuvo relaciones sexuales con la joven que lo acusó de abuso, pero argumentó que el encuentro había sido “consensuado”. Y el magistrado lo excarceló. Hasta ahora, ninguna funcionaria del área de género en Misiones y ninguna organización feminista, salió a condenar al funcionario de La Cámpora. O al menos, a solidarizarse con la víctima. En el kirchnerismo misionero, tampoco salen a defenderlo públicamente.
El caso del jefe de personal del PAMI, Rodolfo Barreto, acusado de “abuso sexual agravado por acceso carnal” desde el 20 de Agosto pasado, adquirió ribetes políticos y judiciales insospechados, tras su fuga, estado de clandestinidad y posterior declaración en indagatoria, donde admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, aunque según él, hubo “consentimiento”.
Barreto, un militante de La Cámpora, muy cercano a la diputada nacional Cristina Britez (Frente de Todos), está acusado de encerrar a una joven empleada de limpieza en su oficina de la sede del PAMI en Posadas, y ultrajarla sexualmente. Estuvo prófugo unos 7 días, se entregó y en indagatoria, admitió que mantuvo relaciones sexuales con la víctima. Adujo que el encuentro sexual había sido consensuado. El juez de instrucción 1, Marcelo Cardozo, terminó concediéndole la excarcelación al comprobarse, por pericias telefónicas, que habría una relación sentimental entre acusado y víctima, previa a los hechos denunciados.
Esa excarcelación, de por sí resulta escandalosa, porque termina naturalizando las violaciones intramatrimoniales, intraconyugales o las que se perpetran en el seno de una relación sexo-afectiva. Según se infiere de la decisión del juez, no hay peligros de que Barreto huya de la justicia –pese a que estuvo prófugo– o que entorpezca la investigación –pese a que la víctima denunció que Barreto la amenazó por mensajes telefónicos–.
Pero más significativo: de acuerdo con la decisión judicial, que el acusado manifieste que hubo “consentimiento” con pruebas de una relación sentimental previa, ya le otorga el beneficio de la duda. Si la víctima, aún existiendo una relación afectiva, sostiene que no consintió la relación sexual, no es escuchada por la Justicia. Cabe aclarar que Barreto tiene antecedentes por violencia. Al menos, hay dos denuncias por agresiones en contra suya. Aunque ninguna tan grave como esta acusación sustentada el 20 de Agosto ante la Comisaría de la Mujer y la Fiscalía 1 de Posadas.
“Es muy posible que minimicen todo si tenían un vínculo previo, lamentablemente. No se puede esperar un análisis con perspectiva de género si el acusado tiene algo de poder”, contó a PyP, una fuente al tanto de los manejos de la Justicia penal misionera. “Por lo menos el juez habrá dictado medidas de seguridad para evitar más agresiones”, agregó la fuente sobre la dramática situación que vive la denunciante.
“Pudo valorarse el tiempo que estuvo prófugo, que no sé cómo lo justificó. Y habría que leer los fundamentos, y las medidas de protección a la víctima, si las hubo. Evidentemente, para algunos salir excarcelados es más fácil que para otros”, confió la fuente tribunalicia.
En este contexto, llamó la atención que ninguna funcionaria nacional, provincial o municipal hable del escándalo del funcionario “camporista” acusado de violador. Comenzando por su jefa, la titular del PAMI Misiones, Marcela Crechuska, otra dirigente “camporista” que responde políticamente a Britez. La funcionaria emitió un escueto comunicado en el que afirmaba que el PAMI se ponía a disposición de la justicia y que había iniciado un sumario interno. Pero le otorgó a su “compañero de militancia” Barreto, una suerte de vacaciones mientras el sujeto estaba prófugo. Luego evitó todo contacto con la prensa. Por supuesto, la diputada Britez, jefa de ambos, también se llamó al “silencio stampa” sobre la violación. Ni para condenar el hecho, ni para defender al acusado.
Otra de las que evitó pronunciarse fue la Subsecretaria de la Mujer Celia Kozachik, la encargada por velar por los derechos de las mujeres en Misiones. Tampoco intervino públicamente el grupo de las Mujeres de la Concordia, que emite comunicados solidarizándose con las mujeres afganas por el régimen talibán, pero nada dicen de las jóvenes víctimas de violencia sexual que acusan a funcionarios kirchneristas. Asimismo, la autoproclamada “feminista” delegada del Inadi en Misiones, Silvia Risko, salió a solidarizarse con la víctima. Apenas escribió un twit en el que justificaba su desidia.
“Dónde están las feministas” Las feministas, a través d los siglos, hemos sido demonizadas y estigmatizadas, eso no es nuevo. Ahora -algunos ignorantes- ante casos de violaciones o femicidios, nos tiran la responsabilidad d hacer justicia. Don’t worry estamos construyendo poder”, escribió la señora del pañuelo verde, que jamás se solidarizó con la denunciante, ni mucho menos, condenó a un funcionario acusado de violación, excarcelado por una justicia de sesgo patriarcal.
En cuanto al Ministerio de la Mujer que preside la kirchnerista Elizabeth Gómez Alcorta, este medio trató de comunicarse con el organismo para hablar del caso, sin éxito. “No coment” (“sin comentarios”) parece ser la postura adoptada por las funcionarias kirchneristas sobre el “compañero de La Cámpora” acusado de violador.
Tampoco accedieron a hablar de la acusación, los referentes de La Cámpora Misiones. Más precisamente, ninguno de los candidatos del Frente de Todos quiere pronunciarse sobre el caso. Para solidarizarse con la víctima o en caso contrario, para defender al acusado.
Pese a tratarse de un caso recurrente –que la Justicia no escuche a víctimas de violencia de género y de delitos contra la integridad sexual, no es un problema nuevo en Misiones– también se trata de una causa inédita. Hasta la fecha, al menos en el último decenio, nunca un funcionario nacional acusado de abuso sexual agravado había esgrimido como “argumento” de defensa, un supuesto “consentimiento”.
Por otra parte, también resulta sugestivo y hasta sospechoso, el silencio mediático de los colectivos feministas de Misiones, nuevamente, para condenar a la Justicia “patriarcal” y solidarizarse con la víctima.
En los últimos días, el Equipo Misionero de Justicia, Derechos Humanos y Género, salió a cuestionar al Estado paraguayo por el infanticidio de Carmen y Lilian Villalba, asesinadas hace un año por el Ejercito del Paraguay en la zona de Pedro Juan Caballero. Hasta el momento, no han emitido un comunicado sobre el caso Barreto. Aunque se espera que lo concreten en los próximos días.
Otros espacios feministas como el Mumalá Misiones o el Colectivo de las Víctimas contra las Violencias, no se han pronunciado respecto de la acusación contra Barreto. Y algunos de estos grupos de mujeres, parecen limitados a la hora de intervenir. Es que, si el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no emite un comunicado al respecto de la gravísima acusación contra el “camporista” Barreto, es posible que tampoco lo hagan, organizaciones y espacios que están políticamente alineados con la gestión de Gómez Alcorta.
El que sí habló del tema -una excepción en Misiones- fue el ex Coordinador Ejecutivo del PAMI Misiones, Luis Solé Mases. A través de una cuenta en las redes sociales, Solé Mases sintetizó con crudeza, todo lo ocurrido con el funcionario “camporista” protegido. “Eran novios, dijo el juez y lo liberó!!! La encerró en una oficina pública, abusó de la joven con acceso carnal sobre un escritorio, y luego se fugó escondiéndose 8 días, aunque su jefa, que dijo no saber nada de nada (tampoco que tenía otra denuncia similar), terminó otorgándole vacaciones en plena clandestinidad. Seguro quedó todo claro, pero se los comento a Uds. nomás: nuestros noviazgos de antes, puedo asegurarles, no eran así”.
