Este martes, imputaron al Ministro de Economía Axel Kicillof, por supuesto enriquecimiento ilícito, por un crecimiento patrimonial de unos 600 mil pesos. Según se informó en Tribunales, el requerimiento del funcionario del Ministerio Público, fue presentado al juez federal Claudio Bonadío, en cuyo juzgado había recaído semanas atrás la denuncia original presentada por Santiago Dupuy de Lome, un abogado vinculado al PRO.
Según LPO, el fiscal mencionó en su solicitud el crecimiento del patrimonio del titular del Palacio de Hacienda en alrededor de 600 mil pesos. La denuncia se basaba en que Kicillof aumentó su capital de 1.200.000 de pesos a 1.800.000 en un año, lo que según el abogado no condice con su sueldo de funcionario.
Para determinar si Kicillof cometió el delito denunciado, el fiscal Taiano ordenó una serie de medidas de prueba que son las de rigor en los casos de enriquecimiento ilícito.
El fiscal le requirió al juez Bonadío que le solicite a la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas de Kicillof y que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informe los cargos públicos que ocupó el funcionario, el período en los que los desempeñó y los sueldos que percibió.
También que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envíe copia de las declaraciones de Ganancias y de Bienes Personales de Kicillof y que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informe sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y plazos fijos a nombre del ministro de Economía.
Asimismo, Taiano solicitó que el Registro Nacional de Propiedad, el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, el Registro Nacional de Buques y el Registro Nacional de Aeronaves informen si Kicillof tiene algún bien a su nombre.
El mismo abogado que acusó al ministro de enriquecimiento ilegal ya lo había denunciado por cohecho, violación de deberes de funcionario público y asociación ilícita, en el marco del otorgamiento de los ROE (permisos de exportación) de trigo y maíz. El denunciante incluyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, y al presidente de la Confederación General Económica (CGE), Ider Peretti.
Sobre el ministro pesa también una causa por favorecer a un fondo privado en una maniobra de 200 millones de dólares. Se trata del fondo Latam Securities, propiedad de Diego Marynberg, que habría contado con información privilegiada del Ministerio de Economía. Kicillof fue imputado por el fiscal Marijuan por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
Una maniobra similar tuvo detrás al fondo Marathon con la emisión de U$S 1.415 millones de deuda por parte del Gobierno. El valor del Bonar 24 habría sido «inflado» sospechosamente antes de la emisión, lo que le reportó enormes a quienes estuvieron detrás del negocio.
Otro tema que preocupa al ministro es la acusación contra su protegido Juan José Carbajales, el gerente general y virtual vicepresidente de ENARSA, por haber beneficiado con contrataciones directas a una multinacional.
Kicillof encabeza la lista a Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado por la exMinistra de Defensa Nilda Garré y el referente de «La Cámpora», Andrés «El Cuervo» Larroque, quien aspira a renovar su mandato. Por lo que la acusación tiene un lógico tinte político, a días de consumarse los comicios en la capital federal.