La fiscal criticó a Casación por haber demorado su respuesta negativa a definir qué delito debía investigarse. Para ella, «el resultado de esta actitud es que se dilata el expediente facilitando su prescripción. De esta forma no se ingresa a resolver lo que realmente importa, esto es, si el hecho de ingresar al país con cerca de 800.000 dólares sin declarar, constituye el delito de contrabando agravado. Existen argumentos en pos de esa figura y esta Fiscalía los ha dado. No se desconoce que también hay fundamentos para decir que esa acción no constituye el delito de contrabando agravado. Pero de lo que sí se está totalmente seguro es que la decisión por una u otra postura correspondía a la casación y no existen motivos jurídicamente válidos como para sustraerse a esa obligación. De allí que sólo queda una injustificada dilación»
En febrero pasado, la Sala II de ese tribunal consideró «inadmisible» un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa.
La causa tiene un evidente contenido político partidario: se conocen de los contactos del empresario Antonini con la familia Kirchner, y se sospecha que el dinero que intentó ingresar al país, se enmarcaba en una presunta subvención de la campaña electoral del partido gobernante, por parte de su socio estratégico, Hugo Chávez, -por entonces, presidente de Venezuela.