Luego de una tensa reunión con jueces de la Cámara de Casación Penal, la jueza que debe definir la suerte de la causa Hotesur negó haber renunciado a la presidencia de la Cámara y le echó la culpa a un secretario. Desde que cumplió la edad jubilatoria dejó de firmar sentencias –que podrían ser impugnadas– y espera lograr el acuerdo del Senado.
Un inédito conflicto se desarrolla en la Cámara de Casación Penal, donde la jueza Ana María Figueroa pedirá una licencia extraordinaria a la Corte Suprema por 30 días, sin goce de sueldo, con la intención de que, en ese tiempo, el Senado le dé un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo, pese a haber cumplido 75 años, edad tope establecida por la Constitución para continuar en la magistratura.
Luego de una reunión de más de tres horas este martes, los camaristas volverán a reunirse este miércoles, para ver si prospera ese atajo legal de la jueza que está atrincherada en su cargo, pese a no contar con el aval legislativo para continuar en la estratégica Cámara de Casación. Mientras estaba en el cargo sin cumplir la edad jubilatoria, Figueroa debió definir sobre causas sensibles para el kirchnerismo: la causa Hotesur – Los Sauces, donde Cristina Kirchner y sus hijos están acusados de lavado de dinero y fueron sobreseídos sin juicio; la causa por el Memorándum con Irán, donde la vicepresidente de la Nación está acusada de encubrir a los responsables del atentado a la AMIA y la causa Oil Combustibles, donde el empresario K Cristóbal López está acusado de evasión y estrago contra el Estado.
“Estoy analizando pedir una licencia extraordinaria por 30 días, es un plazo razonable para que el Senado pueda tratar el acuerdo”, dijo Figueroa a los periodistas acreditados en los tribunales, en una conversación de la que participó el diario La Nación, sentada en la cabecera de la mesa de la sala acuerdos, como si aún fuera la presidenta de la Sala I de Casación.
La solución fue la salida que encontró el tribunal para evitar pronunciarse acerca de si Figueroa sigue siendo jueza o no. Sin embargo, este recurso no dejó conformes al sector más duro de los camaristas, integrado por Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, que consideran que Figueroa dejó de ser jueza el día que cumplió 75 años, sin haber conseguido el acuerdo del Senado para prorrogar su mandato. Del otro lado estaba el juez kirchnerista Alejandro Slokar, que respaldó la posición de la jueza y que fue quien propuso la salida de la licencia extraordinaria que acompañó Borinsky y los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo.
Así pues, la licencia extraordinaria permite cubrir la vacante de la vocalía 10, de Figueroa, con otro juez que se sorteará entre sus colegas y cobrará por esa tarea un 30 por ciento más de su sueldo. No obstante, la concesión de esta licencia extraordinaria depende ahora de la voluntad de la Corte Suprema e implica el reconocimiento implícito de su condición de jueza, pues solo los magistrados pueden acceder a ese beneficio.
La situación de Figueroa llegó a ser insostenible para sus colegas, pues cumplió 75 años el 9 de agosto y no dejó su cargo, a la espera del acuerdo que el kirchnerismo promueve en el Senado. Ya atravesó la instancia de las entrevistas pero como el oficialismo no tiene los votos para convocar a una sesión en la Cámara alta, no recibió el respaldo de la Cámara alta. Los jueces de la Casación le mandaron un oficio a la Corte y al Consejo de la Magistratura diciéndoles que la jueza “habría cesado como magistrada”, pero no la corrieron. En ese contexto, el Colegio de Abogados de Buenos Aires se pronunció por la salida inmediata de Figueroa, como lo determina la Constitución Nacional.
En ese contexto, un día antes de cumplir la edad jubilatoria, la jueza Figueroa les dijo a sus colegas que dejaba la presidencia en manos de su entonces vicepresidente, Borinsky, y que dejaba de firmar sentencias. Se firmó un acta. Pero en la reunión de este martes Figueroa dio marcha atrás y le echó la culpa a un secretario, por haber “malinterpretado”. Ahora sostuvo que seguía siendo la presidenta de la Casación, pese a no poder firmar sentencias por estar jubilada y en espera de un acuerdo del Senado. Por eso, en la reunión del martes ocupó la cabecera, donde se ubica el presidente. Borinsky no se la disputó pese a haber asumido la presencia de Casación, desde el 8 de agosto hasta ayer (5 de septiembre)
La reunión de los camaristas fue muy áspera. Slokar defendió a la magistrada y dijo que en al Cámara había “jueces usurpadores”. No dio nombres, pero Mahiques se sintió aludido, ya que llegó a la Cámara Federal de Casación trasladado desde la Cámara Nacional de Casación. En tanto, Hornos dijo que la Constitución preveía que los jueces deben dejar su función a los 75 años, dando a entender que el cargo de Figueroa había expirado.
Por su parte, Carbajo estaba indignado porque no podía creer cómo Figueroa se desdecía de lo que había dicho en el último acuerdo y le echaba la culpa al secretario de no haber tomado nota debidamente. Yacobucci, el más duro entre los jueces, arrancó la reunión exigiendo claridad ya sea para cubrir la vacante como por la condición de jueza de Figueroa. Barroetaveña y Petrone también cuestionaron la situación.
Le reclamaban que se debía nombrar un subrogante para su vocalía, un eufemismo para sostener que no era más jueza. “¿Tengo que dejar el escritorio?”, preguntó Figueroa, pero nadie respondió. Como era de esperarse, Figueroa apeló a una cuestión de género para defender su insostenible postura de permanecer en el cargo, violando lo que define la Constitución de la Nación.
Pese a la tensión, hubo un acuerdo por la licencia extraordinaria porque destrababa el problema. Fue la propuesta de Slokar, que implica que se admita que Figueroa sigue siendo jueza de la Casación, pese a que no puede firmar sentencias. Una licencia ordinari implica que la jueza se tomara días de vacaciones sin goce de sueldo, pero no se puede nombrar a un subrogante en su lugar. De hecho, en la Cámara no se realizan sorteos para que no caiga la bolilla de la vocalía 10 de Figueroa. Ella misma se autoexcluyó como jueza para votar porque sus fallos serán impugnados por permanecer en el cargo sin que su pliego haya sido aprobado en el Senado.
Figueroa es afín al kirchnerismo. Es una de las denunciantes de la “persecución macrista” en la Justicia, se mostró preocupada por el avance del “lawfare” y viene fallando en coincidencia con las posiciones de Cristina Kirchner o de exfuncionarios acusados de corrupción. Algunos jueces ven en esta decisión una salida sugerida por un sector del oficialismo para mantener a Figueroa en Casación, ante el posible cambio de Gobierno.
