El juez federal Ariel Lijo le ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que realice una auditoría biométrica antes del 15 de enero para determinar la identidad de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, en el marco de una causa que investiga a presuntos intermediarios que retenían tarjetas y cobraban en nombre de otras personas.
La investigación, además de intentar identificar a los intermediarios, involucra al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, referente del Movimiento Evita. En paralelo, el fiscal Guillermo Marijuan denunció a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
La investigación surgió a partir de un pedido que el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta realizó a la AFIP para cruzar la base de datos de los beneficiarios del plan, que otorga la mitad de un salario mínimo (unos 25 mil pesos), con la de personas que compraron dólares o declararon Bienes Personales.
Ese entrecruzamiento determinó que unas 250.000 personas percibían el plan y, al mismo tiempo, habían adquirido dólares o tenían registrado un inmueble o un vehículo nuevo.
Fuente: TN
