La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland ordenó al Gobierno que suspenda el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Cristina Fernández de Kirchner, por el cual dispuso la transferencia a las provincias del 15 por ciento de los fondos de coparticipación, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 24 de Noviembre. La decisión fue tomada a partir de una medida cautelar interina que solicitó la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República.
“El DNU cuestionado no explica las únicas y excepcionales circunstancias que autorizan su especialísimo dictado, lo que prima facie, contrasta con lo prescripto por los arts. 109, 99 y 75 de la Constitución Nacional”, sostuvo la jueza Heiland, según Infobae.
Para la magistrada “la sola emisión y publicación del DNU, podría consolidar efectos jurídicos de por sí. Es que, aún en el supuesto de su posterior rechazo por el Honorable Congreso de la Nación quedarían ‘(…) a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia’.”
Así, Heiland dictó una medida cautelar interina por la cual le ordenó al Gobierno que “suspenda la ejecución del DNU 2635/15”. También le solicitó que en cinco días presente un informe contestando la demanda.
La entidad que inició la causa objetó que el decreto 2635/15 podría llegar a desfinanciar a la ANSES y poner el riesgo la movilidad de los haberes de los jubilados, la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. La Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República, con el patrocinio del abogado Ezequiel Cassagne, también objetó que el decreto fue dictado a 10 días del cambio de Gobierno Nacional.
La Corte Suprema falló hace dos semanas a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe en los juicios que las provincias le iniciaron al Estado Nacional para que le devuelvan lo retenido por la coparticipación.
Tras ese fallo, el Gobierno, con la firma de la presidente Cristina Kirchner y todo el Gabinete Nacional, dictó el decreto 2635 por el cual hizo extensivo a todas las provincias la devolución de la coparticipación.
El abogado previsionalista Federico Despoulis Netri, también ha presentado un amparo argumentando que dicha norma «dispone una merma del fondo sustentable para el pago de dicha obligación». En ese sentido, señala que la merma de fondos que iban a la ANSeS afectará «los índices de movilidad jubilatoria, la asistencia a las cajas de regímenes no transferidos» por lo que estará condicionado «la totalidad del sistema provisional de reparto y a las prestaciones de la seguridad social».
«Una cosa es acatar un fallo que da derecho al cobro a las 3 provincias y otra es sacar un decreto incluyendo a todas y así desfinanciar el sistema previsional argentino», sostiene el abogado de jubilados, según Clarín.
El decreto 2635/2015 firmado por CFK, sostiene que “la percepción del 15% de la masa de recursos brutos coparticipables por parte de la ANSeS proyectada para el año 2015, asciende a la suma de $ 98.182 millones sobre un total de $ 638.664 millones, representando un 15% de los recursos totales del organismo”.
El fallo judicial deja sin efecto la iniciativa de CFK que la mayor parte de los analistas, pretendía el objetivo de desfinanciar al gobierno de Macri, quitándole nada menos de casi 100 mil millones de pesos anuales. Desde luego, con esto se modifican las condiciones en las que el gobierno nacional negociará con las provincias, el acompañamiento parlamentario a las medidas de Macri y su equipo. Lógicamente, la posición de los gobernadores será más débil que si contaran con estas sumas siderales. Aunque hay que aclarar que este no es el caso de San Luis, Santa Fe y Córdoba, que renunciaron a obras del gobierno nacional a cambio del planteo judicial que la Corte Suprema resolvió después de varios años de litigio y a dos días de confirmarse el final del kirchnerismo en el gobierno nacional. En cambio, el resto de las provincias deberán negociar en las condiciones vigentes en la actualidad. Y Misiones, en particular, depende enormemente de los fondos nacionales que representan más del 75% de su presupuesto anual.