En el momento más altisonante de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, la presidenta Cristina Fernández defendió su actuación pública respecto del atentado contra la AMIA ocurrido en 1994. Cristina reivindicó que desde 1996 fue crítica de la actuación del juez Juan José Galeano, que firmó dictámenes en disidencia en la comisión parlamentaria que investigaba el tema, que luego lo llevó una y otra vez a las Naciones Unidas. Acusó al ex presidente de la DAIA, Rubén Beraja, de ser un vaciador de bancos, al ex fiscal Ricardo Nisman de haber cambiado su posición abruptamente, a la Corte por no acelerar el juicio por encubrimiento y al estado de Israel de no reclamar el esclarecimiento del atentado contra su propia embajada en Buenos Aires.
Sin embargo, el centro del debate en las últimas semanas –desde que Nisman presentó su denuncia– no giraba sobre ninguno de esos puntos. Nadie cuestionó la actuación histórica de la Presidenta respecto de la AMIA sino su giro notable desde el año 2011, cuando todo se encaminó hacia la firma del memorandum de entendimiento con Irán.
Hay una pregunta que tanto Cristina como sus defensores en el área judicial o periodística tienen una enorme dificultad para responder sobre todo esto y por eso la ignoran, desvían el eje o le dedican apenas un párrafo al pie: ¿Qué fue ese Memorandum? Y de esa pregunta nacen otras tantas, como en una cascada.
Desde mediados de enero, con mayor o menor solidez, distintos juristas, comentaristas televisivos, periodistas de gráfica, políticos, la misma Presidenta y, la semana pasada, el juez Daniel Rafecas, coincidieron en sostener que la denuncia de Nisman era jurídicamente endeble. Si se concede eso –es decir, que Nisman no tenía suficientes elementos para sostener ante un juez las conclusiones que defendió antes de morir–, sigue sin quedar claro qué fue ese acuerdo con Irán, punto sobre el cual un juez no tiene nada que decir porque su trabajo está limitado a evaluar la solidez de las pruebas de un fiscal.
Entonces: ¿Qué fue ese memorandum?
A principios del 2013, cuando se confirmó oficialmente que la Argentina había llevado a cabo negociaciones con Irán, mucho antes de la denuncia de Nisman. hubo dos interpretaciones dominantes. La primera era la del Gobierno argentino, que fue acompañada por dos agrupaciones de familiares de víctimas. Según esa versión, el acuerdo intentó resolver por vía diplomática lo que estaba trabado en el camino judicial: esto es, acordar un mecanismo con Irán para que los acusados puedan testimoniar y, de esa manera, habilitar al juez para tomar los pasos procesales siguientes que considerara necesarios. La segunda interpretación fue expuesta ya entonces por Laura Guinsberg, la líder de otra de las agrupaciones de familiares: el objetivo era ponerle un punto final a la causa AMIA. Se trataba de un acuerdo que canjeaba impunidad por algún beneficio político o comercial. Además de ella, opinaron en un sentido crítico los líderes de la comunidad judía y varios referentes opositores.
Dos años después, el debate continúa pero con una variación central: si se sigue incluso el recorrido de la argumentación oficial, lo que se ve es un fracaso. Si, realmente, el Gobierno no concedió la impunidad, como dice, sino que persiguió un camino oblicuo hacia la Justicia por medio de un pacto con quienes encubrían a los principales acusados, el resultado está a la vista: nada. Dos años después, Irán no ratificó el acuerdo, no se conformó la comisión de la verdad, no se tomó declaraciones a nadie y la causa quedó trabada. O sea que, en el mejor de los casos, el Gobierno no consiguió los objetivos que dice que se propuso: no logró que se avance ni un milímetro en el esclarecimiento del peor atentado terrorista de la historia argentina. La credulidad, la ingenuidad, ¿la torpeza? de la diplomacia argentina provocó una nueva frustración en los intentos de esclarecerlo: generó expectativas vanas, lastimó a un cuerpo social ya dañado.
Fue, además, una frustración anunciada: si se revisa el debate de los días en que el Parlamento aprobó el Memorandum, se verá que hubo largos discursos de referentes opositores advirtiendo que el planteo oficial no era razonable, en el mejor de los casos, o era mentiroso, en el peor: ¿Acordar con el país que protegía a los principales acusados del atentado para esclarecer la verdad? ¿Tenía lógica eso? ¿No era obvio que ese objetivo no se cumpliría? ¿O escondía algo más?
El Gobierno podría argumentar que fue crédulo hacia Irán, que jamás sospechó que los iraníes harían los desplantes que hicieron, que el canciller Hector Timerman miró a los ojos a su par iraní y, simplemente, le creyó. Pero bastaba leer las declaraciones públicas de Irán desde antes del acercamiento para saber que uno de sus objetivos, al pactar con la Argentina, era el de lograr que se levantaran los pedidos de captura contra sus funcionarios más destacados. Una y otra vez, en cada comunicado, Irán dijo lo mismo: que la Justicia argentina estaba equivocada y que la verdad se debía buscar por otro lado. Es curioso que Irán haya firmado un Memorandum donde el asunto que más le importaba no figurara en la negociación previa y no fuera expresado de manera ambigua en el Memorandum. ¿Realmente no figuraba?
Si las pruebas de Nisman para demostrar en la Justicia el encubrimiento pueden ser débiles, los argumentos del Gobierno para explicar lo que quiso hacer son solo aptos para quien no quiera hacerse preguntas. ¿Fue un intento de buscar la Justicia que fracasó por torpeza e ingenuidad, o fue un acuerdo que consagraba la impunidad, que fracasó contradicciones internas del Gobierno argentino? ¿No es demasiado naif o interesada la primera explicación? ¿No impulsa a investigar a fondo en la otra dirección? Hay, naturalmente, elementos que pueden fortalecer una u otra hipótesis. En cualquiera de las dos, todo terminó en un fracaso, palabra que no fue incluida en el extenso discurso presidencial del domingo, en un asunto de sensibilidad extrema.
Mientras tanto, si bien no logró la cancelación de las alertas rojas, Irán tiene motivos para celebrar del viraje de Cristina. Basta releer el discurso del domingo. Ya no hay denuncias contra ese país. Los enemigos del Gobierno, en la causa Amia, son el fallecido fiscal Ricardo Nisman, la Corte Suprema de Justicia y el Estado de Israel. No se entiende que ganó Argentina, pero Irán –como mínimo– logró que las acusaciones se dirigieran hacia otra dirección.
Los amigos de entonces pasaron a ser los enemigos, y viceversa.
Si la causa que intentó abrir Nisman se archiva, el Gobierno habrá logrado un pequeño triunfo: que aquel acuerdo no tenga consecuencias judiciales.
La investigación judicial sobre el atentado, mientras tanto, sigue tan trabada como antes de aquel llamativo Memorandum, donde se quiso hacer justicia pactando con quienes protegían a los principales acusados de 86 asesinatos.
¿Eso era lo que dijeron que querían hacer?
¿Eso esperan que sea creíble?
