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La senadora Giménez no pudo traer una respuesta concreta al reclamo de los tareferos a la ANSES

10 abril, 2015
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La senadora nacional por Misiones Sandra Giménez (Partido de la Concordia Social), volvió de Buenos Aires con las manos vacías, en el marco de la mediación que está llevando a cabo entre tareferos de Montecarlo y la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social) Acrecentando su exposición en la provincia, en el marco de una posible postulación, la senadora se reunió este viernes con un nutrido grupo de tareferos para comunicarles que “continúan las negociaciones” con el organismo nacional que mantiene su postura de no reintegrar las asignaciones familiares indebidamente retenidas desde 2008 –pese a haber dos fallos judiciales en su contra. Las gestiones de Giménez, llamativamente coinciden con el año electoral. En el año pasado, cuando, por ejemplo, los tareferos marcharon desde Montecarlo a Posadas, la senadora no se acercó ni tomó parte activa en el conflicto suscitado por el incumplimiento judicial de la ANSES. Tampoco se acercó cuando algunos de los cosecheros llevaron adelante una huelga de hambre frente al organismo en Posadas, el año pasado. Pero este año, en plena campaña, la legisladora se preocupa y se mete de lleno en las negociaciones.

Desde el entorno de la ex vicegobernadora indicaron según Primera Edición, que «continúan las negociaciones. Si bien no hay solución concreta, acordaron mantener lo pactado la semana pasada, no habrá cortes de ruta pero continúa el acampe», revelaron. En esta semana, según las fuentes, comenzaron las negociaciones que buscan llegar «a un acuerdo definitivo» que «sería el próximo día lunes 20 de abril».

No obstante, lo más probable es que el organismo nacional continúe dilatando el pago de las asignaciones retenidas a cosecheros de la yerba, víctimas de una estafa de contratistas misioneros, entre los que figura Eladio Barreto, el padre del alcalde renovador de Montecarlo, Julio César Barreto. Es que si ANSES decide devolver las asignaciones y pagar las indemnizaciones del caso, con retroactividad, se estaría sentando un precedente para muchas otras demandas en curso o, como sucede con esta causa, con sentencias firmes. De todas maneras, pese al fracaso de sus gestiones, la intervención de Giménez le permite posicionarse políticamente en pleno año electoral –ya sea para ser candidata o para apoyar a algún candidato de la Renovación.

Recordemos que la retención de las asignaciones se originó cuando la ANSES detectó una estafa pergeñada por contratistas del Alto Paraná y otras zonas. A través de una compleja maniobra, los empresarios –hay al menos siete imputados, entre los que se encuentra el mencionado Barreto- hacían figurar como tareferos a personas que no trabajaban, para quedarse con una parte de las asignaciones. Al conocerse el ilícito, ANSES decidió retener el dinero de los hijos de todos los tareferos inscriptos por los contratistas, es decir, unas 770 personas, sin distinguir si eran partícipes o no de la estafa –muchos de estos pudieron acreditar ante la justicia, que efectivamente trabajaron, por lo que no correspondía la retención de las asignaciones.

Desde luego, ningún dirigente renovador, ni mucho menos Sandra Giménez, mencionan jamás a los contratistas que originaron el conflicto, porque ello implicaría golpear políticamente a Julio César Barreto, el intendente renovador que en 2008 era jefe de la UDAI de Eldorado –y como tal, manejaba información privilegiada de la ANSES, siendo familiar directo de uno de los estafadores.

La justicia falló a favor de los tareferos en varias oportunidades, desde 2010 en adelante. En agosto del 2014, los trabajadores organizaron una caminata de casi 200 kilómetros -llamada «la Marcha de los Olvidados», y acamparon casi un mes frente a la sede del organismo en Posadas. Gracias a esa movilización en la que algunos hicieron una huelga de hambre, lograron que la Cámara Federal de Apelaciones ratificara la sentencia en primera instancia del juez federal José Luis Casals. Además, consiguieron que el gobierno de Maurice Closs –hasta entonces más bien refractario a intervenir en el conflicto-, desembolsara poco más de un millón de pesos para cubrir una parte de las indemnizaciones –y así, sacarse el problema político de encima, al menos por un tiempo.

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