Se trata de los primeros capítulos de la ley de Bases. El oficialismo no aceptó pedidos de la oposición para excluir organismos de eventual disolución, y tampoco abrir la votación de algunos artículos. La totalidad de los diputados por Misiones acompañó la sanción del proyecto en general y en los capítulos particulares.
Con fuertes reclamos de la oposición al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem por no abrir la posibilidad de votar algunos artículos puntuales de manera nominal, avanza en la Cámara de Diputados la votación en particular -por capítulos- del proyecto de ley de Bases. Según lo que trascendió hasta el momento, los diputados por Misiones, Martín Arjol (UCR), Florencia Klipauka (La Libertad Avanza), Emmanuel Bianchitti (PRO), y los renovadores Carlos Fernández, Daniel Vancsik, Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, votaron a favor de la ley en general y de los capítulos que se votaron hasta el momento.
Luego de 20 horas de sesión, el proyecto fue aprobado en general con el respaldo de 142 legisladores, incluidos miembros del bloque libertario y dialoguistas, mientras que fue rechazada por todos los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, sumando un total de 106 votos en contra, y cinco abstenciones –los cinco radicales que responden a la conducción del neurocientífico Facundo Manes.
En primer lugar, el oficialismo consiguió con 134 votos afirmativos, 117 negativos y 1 abstención la aprobación del artículo 1ro. que declara las emergencias en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Al respecto hablaron en contra los diputados Juan Marino (UP), Christian Castillo (FIT) y Fernando Carbajal (UCR), pero el libertario Santiago Santurio -miembro informante- no aceptó modificaciones.
De acuerdo con el portal Parlamentario, en la votación del capítulo I, compuesto por los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, que fue avalado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Es el referido a la reforma del Estado, reorganización administrativa, con las bases de delegación y facultades al Ejecutivo sobre los organismos públicos y sobre los fondos fiduciarios.
El cordobés Juan Brügge, de Hacemos Coalición Federal, pidió agregar a las excepciones de los organismos que se podrán disolver al Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes, el Senasa, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Instituto Nacional de la Música y el INTI.
En la misma línea lo hizo la radical Carla Carrizo, que sumó al Banco Nacional de Datos Genéticos, mientras que el cívico Maximiliano Ferraro solicitó “sacar lo que es disolución total o parcial” y que se excluyan a todos los organismos vinculados a ciencia y tecnología, cultura, salud y educación. Sin embargo, el oficialismo no aceptó las modificaciones.
Por su parte, la jefa del bloque del FIT, Myriam Bregman, advirtió que el artículo 3 (sobre disolución de los organismos) “es uno de los más peligrosos”. “Es sumamente dañino y peligroso”, coincidió el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez.
Dentro de los excluidos quedaron el CONICET, la ANMAT, el INCAA, la CONAE, el ENACOM, y el INTA, entre otros.
Más tarde, con 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones se aprobó el capítulo II, que dispone las privatizaciones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Al pasar al capítulo III, sobre procedimiento administrativo, se obtuvieron 148 votos afirmativos, 104 negativos y 0 abstenciones.
Sobre el capítulo IV, de reforma de la Ley de Empleo Público, la diputada de la izquierda Romina Del Plá sostuvo que “este es uno de los capítulos más graves” porque “violenta claramente el derecho de huelga” y lanzó: “Todos los que voten este capítulo sepan que son responsables de los despidos en masa de los empleados públicos de este país”.
Mientras que la diputada de Hacemos Coalición Federal Margarita Stolbizer alertó por “los planteos de inconstitucionalidad” que esta modificación traerá, porque “se pretende dar al empleado público el régimen que tiene el empleado del sector privado”. “Este capítulo va a ser sometido a la interpretación de los jueces”, aseguró, y se pasó a la votación, donde el capítulo resultó avalado con 138 votos a favor, 113 en contra y 1 abstención.
El capítulo referido a la promoción del empleo registrado cosechó 147 votos afirmativos, 103 negativos y 0 abstenciones. Del Plá cuestionó que “es notable todo lo que se les permite regularizar a las patronales por haber incumplido las normas laborales. Hay beneficios de todo tipo y color”.
