México se encuentra conmocionada y horrorizada por la supuesta muerte de los 43 estudiantes desaparecidos hace un mes y medio en Iguala, confesada por tres sicarios del cártel narco Guerreros Unidos, que declararon haber ejecutado a los jóvenes en un basural y luego haber quemado sus restos antes de arrojarlos al río en bolsas.
El crimen ha sido calificado por Human Rights Watch como uno de los “más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”, y ha desatado la peor crisis desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió el poder, en 2012.
Hasta ahora, la Fiscalía sólo había logrado reconstruir parte del crimen que comenzó la violenta noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur), cuando policías atacaron a alumnos de la combativa escuela de magisterio de Ayot-zinapa por orden del alcalde, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa, hermana de narcos.
Ayer se manifestaron miles de vecinos mexicanos, para demostrar la indignación de México por este crimen brutal que colocó al presidente Enrique Peña Nieto en la peor crisis política desde que asumió la presidencia en 2012.
