La Cámara de Casación es la máxima instancia para definir las causas de corrupción, puesto que la Corte Suprema dictaminó en su doctrina que sólo se pronuncia sobre cuestiones de derecho, y no en materia de pruebas. Esta Cámara, que la presidente saliente Cristina Fernández de Kirchner está obsesionada en colonizar para frenar las causas de corrupción contra su familia, es la tercera instancia penal luego de los fallos de los jueces federales y la Cámara Federal.
Por obvias razones, el kirchnerismo intentará poblar Casación antes de que finalice el mandato de Cristina y si bien tiene mayoría en el Consejo, que es el organismo que elige y remueve jueces (tiene 7 de los 13 consejeros), no cuenta con los dos tercios que necesita para realizar estos movimientos en la Justicia. Desde luego, controlar Casación representa un blindaje contra las causas judiciales por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, y otras figuras vinculadas a manejos espurios en la administración pública.
Según LPO, una de las maniobras es el ascenso a camarista de Casación del juez federal Sebastián Casanello, que tiene a su cargo la causa por lavado contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, una investigación que derivó en el caso Hotesur, el caso que más preocupa a la presidenta ya que no sólo la salpica a ella, sino a su hijo Máximo. Casanello ha garantizado que la causa contra Lázaro no avance, protegiendo por el momento a la familia presidencial, de allí que es de esperarse, que haga lo mismo desde Casación.
Así pues, el kirchnerismo quiere que el Consejo apruebe el ascenso a Casanello, entre las elecciones del 25 de octubre y la entrega de la banda presidencial del 10 de diciembre. Este cuestionado juez sería entonces nombrado en el lugar que dejó vacante el magistrado Luis María Cabral, quien fue removido por el Consejo cuando el kirchnerismo se enteró de que iba a pronunciarse a favor de la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. El kirchnerismo también buscará poblar antes de fin de año una serie de juzgados vacantes en lo civil y comercial federal y tribunales federales del interior del país.
Para todo eso, necesita del apoyo de un par de consejeros opositores. En ese sentido, el camporista Julián Álvarez, secretario de Justicia e integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Ejecutivo, se transformó en el operador judicial que salió a la caza de los votos radicales.
Fuentes de Tribunales dijeron a LPO que el kirchnerismo está cerca de cerrar los votos de los radicales Ángel Rozas y Miguel Piedecasas, con quienes llegaría a los 9 votos para obtener los dos tercios y así nombrar jueces a gusto. En junio de este año, Rozas dio un indicio de su papel en el copamiento de Casación por parte del kirchnerismo: el chaqueño estaba de viaje en Nueva York con Héctor Timerman, mientras el Gobierno removía a Cabral.
Ese faltazo se habría gestado tras un pedido que Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, le habría hecho a su amigo y titular del radicalismo, Ernesto Sanz. Este senador que sería el Ministro de Justicia de una hipotética presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos) habría dado la orden para que los dos consejeros radicales, Gustavo Valdez y Rozas no asistan al plenario en el que removieron a Cabral. A cambio, la UCR negocia un lugar en la Corte Suprema para el ex diputado Ricardo Gil Lavedra o la decana de la Facultad de Derecho, Mónica Pinto.
El kirchnerismo también busca sumar el voto de Adriana Donato, la consejera de la agrupación Gente de Derecho, que encabeza Jorge Rizzo, quien controla el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal desde 2006.
Para tentar a Rizzo, el kirchnerismo impulsó en el Senado, a través del senador Rodolfo Urtubey, una ley para regular los honorarios de los abogados, que el titular de Gente de Derecho ya había logrado que le aprobaran en la Legislatura porteña. “A mí no me ofrecieron nada y yo no acepto sobornos”, señaló Rizzo a LPO y aclaró que Gente de Derecho “no votará ni a Casanello ni a la nueva Cámara de Casación Penal”.
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