Con Horacio Rosatti como presidente y Carlos Rosenkrantz, como vice, el supremo tribunal deberá resolver sobre casos que involucran a la vicepresidenta con la corrupción en la obra pública y sobre los fondos de la coparticipación que Nación le quitó a CABA.
Con Horacio Rosatti como nuevo presidente, la Corte tiene pendientes de resolución un listado de expediente de alto voltaje político. Entre ellas están el cuestionamiento de Cristina Kirchner al juicio en la que se la acusa de favorecer con obra pública al empresario santracruceño Lázaro Báez, la pulseada por los fondos de la coparticipación que mantiene la Casa Rosada con la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta, y el conflicto por la conformación del Consejo de la Magistratura.
Según La Nación, también adeuda una definición sobre importantes causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, como Circuito Camps, Plan Cóndor y Campo de Mayo.
Tal vez la causa política más caliente que tiene la Corte en sus manos y que es probable que la trate antes de fin de año. Se trata del juicio conocido como Vialidad Nacional, en el que la vicepresidenta es acusada de favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez con contratos de obra pública.
Más allá de su defensa en el juicio, Cristina Kirchner planteó nueve recursos ante la Corte en los que cuestiona distintos aspectos del proceso. Pidió, por ejemplo, desde una ampliación de los peritajes a todas las obras públicas y no solo a una muestra de ellas, para analizar sobreprecios. También planteó que ya fue sobreseída por esta acusación o reclamó que no puede ser juzgada al mismo tiempo por integrar varias asociaciones ilícitas.
La Corte podría analizar estos planteos para dar certidumbre sobre el futuro del juicio, ya sea para declararlo nulo o para rechazar los cuestionamientos de la vicepresidenta.
Los detalles de la causa por el direccionamiento de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez
En la causa de Vialidad Nacional restan que declaren en el juicio oral y público unos 70 testigos, incluido el propio Alberto Fernández y los otros jefes de Gabinete, entre ellos el presidente la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina.
Allí la fiscalía está confiada en que la prueba que se viene acumulando le alcanza para acusar a Cristina Kirchner de direccionar las obras públicas santacruceñas en favor de Lázaro Báez. Según consigna el portal Chequeado, tras la llegada de Cambiemos al gobierno, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizó entre enero y febrero de 2016 una auditoría de la obra pública licitada en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Esa auditoría no analizó si existían sobreprecios en las obras, pero determinó que hubo una “concentración de obras en un único grupo de empresas”, en referencia al conglomerado de compañías pertenecientes a Báez: Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani.
El grupo de Báez, con casi el 80% de las obras públicas asignadas en los 12 años de gobiernos K
La auditoría señaló que este grupo empresarial, entre 2003 y 2015, tenía adjudicado un 78,4% del monto vigente total de obras de la provincia; y además identificó una “desigualdad en el plazo insumido para el pago de los certificados entre las diferentes empresas contratistas”.
En ese expediente, la ex presidenta está acusada de integrar una asociación ilícita en calidad de jefa y por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, delitos que tienen una pena de hasta 10 y 6 años de prisión, respectivamente. Según el dictamen de elevación a juicio presentado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, hay pruebas de que se asignaron de manera discrecional a distintas empresas del Grupo Austral Construcciones obras viales en Santa Cruz por casi $8 mil millones, que actualizados a agosto de 2016 por inflación representaban casi $46 mil millones.
Asimismo, el dictamen describe una serie de maniobras del Grupo Austral destinadas a imponerse en las licitaciones y simular un falso ámbito de competencia. Señala que de las 51 obras adjudicadas al Grupo Báez fueron terminadas 26, sólo 2 en el tiempo previsto, y en una sóla obra (un refuerzo de un tramo de la Ruta Nacional N° 281) se cumplió con el monto pactado en el contrato original. En algunos casos se llegó a superar en un 387% el valor final de la obra respecto del contrato original, como en el caso de las obras y el pavimento en la Ruta Nacional N° 3, en el tramo de la Avenida Circunvalación en Caleta Olivia.
La puja por la coparticipación cercenada a CABA
Otra de las causas candentes que debe definir la Corte es la que tiene que ver con la puja por la Coparticipación entre CABA y Nación. El supremo tribunal tiene en estudios dos causas sobre los fondos de la coparticipación federal que la Nación le quitó, primero por decreto y luego por ley, a la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de recursos recortados a los porteños por la transferencia de los servicios policiales. El máximo tribunal convocó a audiencias de conciliación, pero no avanzaron en una salida consensuada. Corren ahora los plazos para tramitar la demanda. Debe responder en los próximos días la Nación y, tras ver el dictamen del procurador, resolver.
El gobierno nacional, primero por decreto y luego por ley, privó a la Ciudad de unos 65.000 millones de pesos en una serie de actos que abrieron un fuerte distanciamiento entre Horacio Rodriguez Larreta y el presidente Alberto Fernández en plena gestión de la pandemia del coronavirus, el año pasado.
El caso de la Magistratura
Finalmente, la Corte tiene pendiente además un caso de indiscutible relevancia institucional. En 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró “inconstitucional” la actual composición del Consejo de la Magistratura de 13 miembros (composición que incrementó el poder del oficialismo de turno). Aquella reforma había sido impulsada por el kirchnerismo, que -todavía en el gobierno- recurrió la decisión de la Cámara. Pasó toda la gestión de Mauricio Macri, que nunca desistió del recurso del kirchnerismo, y la Corte nunca se pronunció. Todavía hoy sigue sin hacerlo.
