El juez de instrucción Ricardo Balor tiene la orden de desalojo lista para que intervenga la Gendarmería Nacional y expulse por la fuerza a los policías y penitenciarios que cortan la avenida Uruguay exigiendo que la provincia se avenga a negociar recomposiciones salariales. Pero a cada momento hay más uniformados y la provincia espera que el conflicto lo resuelva el juez.
En el marco de una protesta policial que se inició esta madrugada en el Comando Radioeléctrico I, donde un grupo de policías que estaba de asamblea, decidió hacer un corte sobre la avenida Uruguay para visibilizar el reclamo por salarios dignos, intervino el juez de instrucción Ricardo Balor, que ya tiene una orden de desalojo lista.
En horas de la mañana, Balor llegó al Comando para reunirse con los referentes de la protesta, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, a quienes les planteó que está dispuesto a solicitar el desalojo con intervención de la gendarmería. Es que, en el marco del conflicto que se está espiralizando en Misiones e incluye no sólo a policías, sino también a docentes y a empleados de Salud, Balor recibió tres denuncias contra los manifestantes de la policía.
La primera la radicaron las autoridades del Comando Radioeléctrico I, por la supuesta toma del edificio y la segunda fue realizada por el Centro Integrado 911, donde se está investigando una posible interferencia en su funcionamiento entre las 3 y las 5 de la madrugada. Aunque, los manifestantes aclararon que no se trata de una toma, porque el edificio está abierto y los uniformados pueden desarrollar sus tareas normalmente. Se los ve con barbijos porque no quieren ser identificados para luego ser acusados del delito de sedición.
Y la tercera denuncia la radicó el propio gobierno provincial, señalando que la quema de gomas sobre la avenida encierra un riesgo de incendio en una zona donde se almacenan armas, como lo es el Comando. Es decir, el ministro de Gobierno Marcelo Pérez y el jefe de la policía Sandro Martínez, en lugar de llegarse al lugar para hacerse cargo de los reclamos, trasladaron la responsabilidad de un desalojo violento, al juez Balor.
Este viernes, en diálogo con C5N, el referente Ramón Amarilla insistió en que se agotaron todas las vías institucionales de reclamo y ante la falta de respuestas, se llegó a esta medida extrema. Recalcó que “quien dice que está tomado el Comando está faltando a la verdad”. Y subrayó que los policías “no llegan al 10 de cada mes” con sus sueldos. Y recalcó que el conflicto abarca a policías, penitenciarios, retirados, docentes y personal de salud pública.
“Hay que buscar una solución, sentarnos dialogar y llegar a un punto medio. En todas las mesas nunca hemos pedido más de lo que corresponde”, insistió Amarilla. Y subrayó que sólo solicitan que los sueldos de los policías y penitenciarios les permitan cubrir la canasta básica total, que en abril alcanzó el millón de pesos mensuales en Misiones. “Un suboficial mayor apenas está llegando a la canasta, imagínense los del escalafón menor. Lo que pedimos es cubrir la parte alimenticia”, subrayó Amarilla.
En un tramo saliente de la entrevista, Amarilla fue consultado sobre si piensan resistir ante un hipotético desalojo por la fuerza ordenado por Balor y con intervención de la Gendarmería. “¿Cómo no vamos a resistir? Vamos a resistir por nuestras familias”, replicó el referente, quien añadió que las consecuencias de un desalojo violento de la protesta policial, correrán a cargo de quien ordene el desalojo.
Desde el gobierno hicieron llegar una propuesta salarial para los uniformados, de una recomposición del sueldo básico de todas las jerarquías. Con el ofrecimiento, el sueldo de bolsillo de un Agente de Policía quedaría en $467.759,90, mientras que un Sargento pasaría a cobrar $ 558.778,67. En tanto, un Suboficial Mayor pasaría a percibir $ 818.175,09. Lo que representa un aumento de unos $60 mil por agente.
