Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la pena de 12 años de prisión para la vicepresidenta, Cristina Kirchner, como presunta autora penalmente responsable de los delitos de jefa de una asociación ilícita y administración infiel en perjuicio del Estado.
Es por la adjudicación de obra pública a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El pedido incluye la inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos. La fiscalía también solicitó el decomiso de todos los bienes que fueron objeto de la investigación -más de $5.000 millones- y reclamó que sean destinados a «instituciones de bien público».
Cristina solicitó antes de conocer la condena poder ampliar su declaración pero el tribunal rechazó la solicitud.
Vale decir que aunque la condenen, la sentencia debe quedar firme y ser ratificada primero por la Cámara de Casación y después por la Corte Suprema.