La obra social de los jubilados empezó a aplicar una fuerte reducción de la estructura jerárquica. En total, desplazaron a 30 puestos, de gerentes a directores, sobre un total de 120. Aseguran que la mayoría eran militantes de la agrupación política que conduce Máximo Kirchner.
Este martes, las autoridades del PAMI confirmaron que achicaron la estructura jerárquica de la obra social de los jubilados, con la eliminación de 30 puestos jerárquicos, de gerentes a subdirectores, que percibían –en promedio– sueldos de unos tres millones de pesos mensuales.
La reducción afecta principalmente a funcionarios que asumieron durante la gestión anterior. “La disminución de la estructura jerárquica de PAMI tiene el objetivo de recortar cargos políticos y utilizar de manera más eficiente los recursos del instituto. Entre la reducción, y mediante un proceso de relevamiento del personal que continúa activo, se encontraron empleados y rangos jerárquicos vinculados a La Cámpora que no renunciaron con el cambio de gestión y, por lo tanto, fueron despedidos”, explicaron desde el Gobierno sobre la salida de los funcionarios que responden a la conducción política del diputado nacional y fundador de La Cámpora, Máximo Kirchner.
En números, las medidas que puso en marcha el actual director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo representa un ajuste del 24,18% en rangos jerárquicos, del 75% en Secretarías y Dirección Ejecutiva, una merma del 33% en la cantidad de Gerencias y casi 20% menos de Subgerencias. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la mayoría de los cargos tenían sueldos de entre dos millones y medio y tres millones de pesos por mes.
En el PAMI, la mayor obra social del país, trabajan cerca de 12 mil personas para atender a un universo del orden de los seis millones de afiliados, en su gran mayoría jubilados y pensionados. La estructura de la organización tiene dimensión nacional, ya que en cada provincia y en los principales municipios de todo el país. El personal y los funcionarios jerárquicos están asignados a centrales generales, unidades de gestión local y agencias de cercanía que tienen la responsabilidad de atender a los beneficiarios.
Voceros oficiales confirmaron que el objetivo es avanzar en un achique más profundo de la estructura burocrática de la obra social. Estiman que, culminado el rediseño administrativo, el total de 120 cargos directivos actuales pasará a no más de 90.
Junto a esa reducción, también se avanzó con un refuerzo del control de personal para monitorear la asistencia a los lugares de trabajo. La instalación del lector de huellas en cada dependencia fue una de las primeras medidas que puso en marcha la gestión de Leguizamo. Esto apunta a controlar los horarios de ingreso y salida de los empleados, impidiendo la presencia de los llamados “ñoquis”, es decir, empleados sin horario ni función conocida que sólo llegan los días 29 –el día de los ñoquis– a las dependencias estatales, para cobrar sus sueldos.
La gestión de las políticas públicas de salud es una de las que más recursos del Estado demanda y donde el gobierno de Javier Milei anunció que va a encarar cambios profundos. El PAMI, que hasta el 10 de diciembre estuvo a cargo de la actual diputada nacional y dirigente de La Cámpora, Luana Volnovich, es el principal operador del sistema público, junto a los hospitales, clínicas y salas de distinta complejidad que están a cargo de provincias y municipios.
En las diferentes provincias, invariablemente durante el gobierno de Alberto Fernández, fueron designados militantes “camporistas” en los principales cargos jerárquicos. Tal es el caso de Misiones, donde estuvo al frente del organismo, Marcela Crechuska, una dirigente que responde a la conducción de la exdiptuada nacional Cristina Britez. Vale destacar que muchos de los jerárquicos y empleados de La Cámpora, no renunciaron a sus cargos ni bien asumió el presidente Javier Milei.
