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Piden suspender el fallo del juez Griesa

27 noviembre, 2012
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Buenos Aires. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, informó que los abogados que representan a la República Argentina ante la Justicia del Estado de Nueva York, presentaron un escrito solicitando “el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que (el juez Thomas) Griesa otorgó el pasado miércoles”.
Minutos después de la medianoche, el Ministerio de Economía informó a través de un comunicado que la presentación “hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento y, por ende, en este punto el fallo es nulo”.
Previamente, un grupo de tenedores de bonos que aceptaron las reestructuración de deuda implementada por Argentina en 2005 y 2010 presentó ayer una “moción de emergencia” ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en la que solicita la suspensión temporal del fallo emitido la semana pasada por el juez Griesa en una causa presentada por fondos buitre.
A última hora de ayer, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, informó en un comunicado sobre la presentación realizada por los abogados que representan a la Argentina ante la Justicia del Estado de Nueva York.
“La solicitud a la Cámara, en consecuencia, es el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar. Proceso que, en los hechos se encuentra en pleno trámite a partir de la solicitud de revisión al Plenario de la Cámara que hizo Argentina y que tendrá continuidad a partir de las órdenes emitidas por Griesa y que deben ser revisadas por la Cámara”, se informó oficialmente.
Argumentos. Asimismo, los argumentos de los abogados de Argentina “se basan en la inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa para llevar a la práctica la cláusula de parí passu y que consiste en pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038”.
En este sentido, el escrito manifiesta que “si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.
Por otra parte, el documento denuncia “el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa. Asimismo, hace hincapié en el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por nuestro Congreso con el consenso de una amplia mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria”.
Finalmente, la posición argentina resalta que “la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”.
U$S 1.000 millones. Entre tanto, otro recurso fue presentado por un conjunto de tenedores de títulos de la deuda soberana argentina por un valor aproximado de unos 1.000 millones de dólares, un monto similar al que poseen los dos fondos buitre que litigan contra la Argentina ante Griesa.
En la presentación, los bonistas encabezados por el fondo de inversión Gramercy indicaron en el escrito que la decisión del magistrado “excede su mandato”. Se trata de una “moción de emergencia” en la que se solicita la supensión temporal del fallo de Griesa. El grupo The Exchange Bond Holders advirtió sobre la “preeminencia” de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York “como centros financieros mundiales” y los inconvenientes que puede causar este fallo en el caso de ser aplicado tal como estipula el juez Griesa. “La moción aseguraría que los pagos de intereses a los tenedores de bonos continúen mientras es decidida la apelación”, aseguró a través de un comunicado, firmado por el consejero de la asociación, David Boies. Es una especie de medida cautelar que suspende los efectos del fallo.

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