Una presentación judicial realizada por el Grupo Clarín generó un fuerte cruce de opiniones entre funcionarios kirchneristas, representantes del medio, de organizaciones sociales, abogados de la empresa y legisladores.
A diez días del vencimiento de la cautelar que ampara a Clarín respecto a su adecuación a la Ley, los abogados del Grupo Clarín dieron a conocer ayer un comunicado donde ratifican que la presentación judicial realizada la semana pasada para que se investigue si hubo “incitación a la violencia” por parte de funcionarios del Gobierno no incluye a periodistas como imputados y que “estos sólo serán testigos”. Según los letrados Hugo Wortman Jofré y Alejandro Pérez Chada, “no es el objetivo de esta denuncia imputar a periodistas, sino a los responsables políticos de la incitación a la violencia”. En sintonía, señalaron que la presentación fue realizada “en salvaguarda de la seguridad e integridad de periodistas, directivos y familiares, tanto del Grupo como de otros medios, que resultan fustigados por la acción y manifestaciones de funcionarios del Gobierno”.
A fines de la semana pasada se conoció la denuncia de Clarín contra periodistas del diario Tiempo Argentino y funcionarios y legisladores kirchneristas. Ayer, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) anticiparon el respaldo a los periodistas aunque Horacio Verbitsky, su titular, indicó que: “Dicen que no han pedido un castigo para los periodistas, sino sólo que sean citados como testigos. Esto es una clara marcha atrás, un retroceso”. De la conferencia participaron los periodistas Sandra Russo, Nora Veiras y Orlando Barone (del programa ‘6,7,8’ de Canal 7), el relator Javier Vicente (de ‘Fútbol para Todos’) y el director de Tiempo Argentino Roberto Caballero, incluidos en la denuncia junto al ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario de Presidencia, Carlos Zannini y diputados K.
En ese marco el diputado Gerardo Milman, del GEN-FAP señaló: “Lamentablemente involucrar a los periodistas en esta lucha mediática termina con los profesionales y su criterio”. Y reclamó que “si la situación continúa así, hay que llevar a la Justicia a la Afsca, especialmente a su titular Martín Sabbatella, por no hacer cumplir la Ley y aplicarla de manera parcial”.
La polémica se da en el marco de la aplicación de la Ley de Medios, que ha generado un conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín. En los últimos dos años hubo críticas durísimas y denuncias por parte del kirchnerismo contra periodistas de diferentes medios del grupo que incluyeron la difusión de afiches negativos y personalizados. De todos modos, en esas circunstancias los funcionarios del Gobierno no se preocuparon por el ataque a la libertad de expresión como si lo hicieron en las últimas horas.
Ayer, en un comunicado Fopea (Foro de Periodismo Argentino) pidió que el Grupo Clarín retire la denuncia que señaló a periodistas.
Polémica por una denuncia del Grupo Clarín contra funcionarios K y periodistas
