El Juez Federal Claudio Bonadío procesó este martes al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en una causa por irregularidades en la licitación del plan Qunita, de reparto de kits maternales a embarazadas. Según el juez, las licitaciones tenían “seis ganadores prefijados” que “no tenían experiencia en los rubros licitados” y que presentaron ofertas con precios “elevados y abusivos”.
La lista de los procesados -23 en total- incluye también al exministro de Salud, Daniel Gollan –que sucedió a Manzur y aprobó las compras; a Nicolás Kreplak, ex secretario de Salud Comunitaria, el funcionario que requirió la compra y pidió modificaciones al pliego; a varios ex funcionarios de rango menor del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y a los empresarios que fueron parte de la maniobra investigada.
El juez federal, uno de los que más duros con exfuncionarios kirchneristas –también procesó esta semana a Guillermo Moreno y a Alejandro Vanoli por otras causas-, dictó el procesamiento contra Manzur, Aníbal y Gollán por “fraude en perjuicio de la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario”. Además, trabó embargo sobre los bienes de los implicados en el Plan Qunita, por 440 millones de pesos.
El monto fue fijado “en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado”, explicó el juez. Calculó que el sobreprecio fue de unos 3000 pesos por cada uno de los 140.000 kits, es decir, unos 420 millones de pesos.
Esta causa se inició el año pasado, con la denuncia que presentó el 23 de junio de 2015 la legisladora porteña Graciela Ocaña. Ocho meses después, Bonadío consideró acreditado que desde el comienzo del proyecto Qunita, anunciado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, los seis ganadores estaban prefijados y, por eso, “se diseñó un pliego de un único renglón”, algo “expresamente vedado por la legislación”.
Lo que cuestionó el juez es que se hubieran incluido todas las adquisiciones del kit juntas, a pesar de que incluían “44 elementos” correspondientes a “cuando menos siete rubros”. Ni siquiera se separaron por un lado las cunas, por otro la ropa y por otro los productos de farmacia. Además, para favorecer a las empresas amigas, se autorizaron “entregas sucesivas” que les permitieron «”ir financiándose” con cada cobro parcial, afirmó Bonadío. Según él, se les dio “escaso tiempo” a los supuestos competidores para cumplir con todo.
De esta forma, sólo pudieron prometer que llegarían los que contaban con la información de antemano. “Considerable tiempo antes de ser adjudicados ya compraban los materiales para la provisión del kit”, sostuvo el juez en sus argumentos.
Pero además la estafa al Estado estuvo dada por los precios “elevados y abusivos” de las ofertas que presentaron los empresarios y fueron aprobadas: de acuerdo con el fallo, tenían una “diferencia abismal” con el valor de referencia presentado en el expediente administrativo.
Ese monto testigo lo calculó la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Disconformes con este valor -afirmó Bonadio-, “los funcionarios intentaron disimular estos precios exageradamente elevados pidiendo un nuevo valor”.
Otra prueba del presunto direccionamiento de la licitación es, según el juez, el dato de que las firmas ganadoras “no tenían experiencia en los rubros licitados”. Salvo una empresa maderera y otra fabricante de ropa, las demás eran inmobiliarias, del ramo financiero o publicitario, o dedicadas a la construcción o a la informática.
Ayer, cuando se enteró del fallo, Aníbal Fernández dijo que no sabía de qué lo estaban acusando y anunció que lo iba a apelar. En declaraciones a radio Del Plata afirmó: «Los trámites se hicieron cuando no era jefe de Gabinete. Todo lo que es el proceso y la licitación no me pertenece. Yo sólo firmo al final, cuando los procesos ya se llevaron a la práctica y ya se habían discutido». Con los mismos argumentos se había defendido en su indagatoria.
Bonadío explica en su fallo que lo procesa justamente por esa firma, que autoriza la conclusión de los trámites. El juez entiende que Fernández no debió haber convalidado una licitación semejante, con “una sola línea”, ni autorizado el precio por el que se estaba adjudicando, que era más alto que lo previsto en el dictamen de la Sigen, incluso después de que ese dictamen fuera ajustado para autorizar valores más altos.
Apoyándose en las mismas razones que el exSenador, Juan Manzur resaltó que él firmó el pliego de llamado a licitación para la adjudicación del programa el 30 de noviembre de 2014 y que veinte días hábiles después dejó el ministerio para volver a Tucumán. “Lo que pasó posteriormente en el proceso no lo conozco”, dijo al diario La Nación. Además, aseguró que la situación lo tomó “por sorpresa” y que recurrirá a instancias superiores judiciales para que “se aclare la situación. Fue un proceso que cumplía con todas las normativas vigentes y que había sido revisado por las áreas legales del Ministerio de Salud”, opinó.
Procesaron a Aníbal Fernández y a Juan Manzur por sobreprecios en el Plan Qunita
