El presidente Milei anunció que está dispuesto a eliminar por decreto algunos fideicomisos, a fin de reforzar el control sobre los fondos públicos, y recalcó que los considera “cajas negras de la política”. Otro enfrentamiento entre los gobernadores y Casa Rosada.
El Gobierno tiene previsto en lo sucesivo la eliminación de los fideicomisos, una iniciativa que formaba parte de las delegaciones al Ejecutivo expresadas en la Ley Ómnibus, que fue rechazada en la Cámara de Diputados, con votos de legisladores de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Teniendo en cuenta que el Congreso frenó las reformas que Javier Milei pretendía implementar a través de la Ley de Bases, el mandatario estaría a un paso de firmar un decreto para suprimir lo que definió en su última entrevista como “las cajas negras de la política”, en alusión a los fondos fiduciarios.
El artículo 4° de la Ley Ómnibus, en su inciso “h”, otorgaba al Ejecutivo la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos”.
Se trató, en efecto, de uno de los ejes que generó mayores cuestionamientos por parte de gobernadores y diputados, posteriormente descalificados como “traidores” por el jefe de Estado. Vale recordar que entre los que votaron en contra del inciso de los fideicomisos, aparecen los diputados por Misiones, Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruiz (del Frente Renovador de la Concordia – Innovación Federal); y también Martín Arjol (UCR – Juntos por el Cambio) Todos ellos aparecieron en la “lista negra” de Milei, como diputados que votaron “en contra del pueblo”.
De acuerdo con Perfil, los fideicomisos públicos o fondos fiduciarios son herramientas que habilitan la transferencia de activos a una entidad fiduciaria, que se encargará de administrar dichos fondos, comúnmente utilizados para el financiamiento de obras y proyectos. En un esquema simplificado, el Poder Ejecutivo (a través de ministerios u organismos del Estado que ofician de fiduciantes), transfiere bienes o fondos a entidades (fiduciarias), a fin de que gestionen dichos fondos en beneficio del primero.
Si bien los términos de este acuerdo están detallados en el contrato del fideicomiso, se suele cuestionar su aplicación para la gestión de los fondos públicos, debido a la falta de auditorías rigurosas sobre los recursos transferidos y la forma en que finalmente se gestionan las sumas millonarias.
En efecto, los fondos fiduciarios no pasan por los mismos controles que las partidas establecidas en el Presupuesto, lo que refuerza el rechazo de las organizaciones especializadas en anticorrupción. Una de las grandes controversias consiste en que no siempre es posible determinar si el dinero fue administrado para la ejecución del objetivo para el cual se creó el fondo.
Actualmente operan 29 fideicomisos cuyo presupuesto oscila entre U$S 8 mil y U$S 10 mil millones, una suma que desde el Gobierno calculan que representa dos puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI).
En ese listado figuran, por ejemplo, el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el “Procrear”, el de Desarrollo Productivo (Fondep), el “Estabilizador de Trigo Argentino” y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.
Como los fideicomisos públicos funcionan en la práctica como presupuestos que afectan directamente a las arcas provinciales, el proyecto de su eliminación intensifica el conflicto entre los gobernadores y la Casa Rosada.
Con la caída de la Ley Ómnibus en el Parlamento, la administración de estos fondos quedó fuera del alcance de Milei, motivo por el cual el jefe de Estado tendría ya diseñado un plan para avanzar en esta dirección por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) Y como es de público conocimiento, por una ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner, los DNU son válidos hasta tanto no los rechacen ambas cámaras del Congreso, con lo que alcanza con la aprobación de una de ellas –Diputados o Senado– para que los DNU queden firmes.
El presidente definió los fondos fiduciarios como “cajas negras”, aludiendo a la falta de control sobre la utilización de los fondos, supuestamente gestionados por “la casta” para su propio beneficio, según las afirmaciones del mandatario nacional. “Son como u$s20.000 millones. Son todas cajas negras de la política. Eso hay que terminarlo. Eso pone muy nervioso a muchos. Hay muchos agentes de la política que vive de eso”, denunció Milei en la entrevista recientemente brindada a su medio de prensa predilecto, LN+.
De todas formas, el Gobierno no tiene en la mira la supresión inmediata de la totalidad de los fideicomisos, sino que eliminaría algunos, mientras que podría robustecer a otros, tal como se aclaraba en el artículo 338 del proyecto enviado al Congreso, donde se remarcaba que “lo recaudado de las multas (…) será destinado al fortalecimiento del fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana, conforme al artículo 14 de la Ley N° 27.453 correspondiente a la jurisdicción donde se realice la reunión o manifestación”.
Este jueves, el diputado nacional Martín Tetaz (UCR – JxC), uno de los que votó en contra del inciso que otorgaba a Milei la facultad de disolver los fideicomisos, defendió su continuidad, al tiempo que denunció que el discurso del presidente es de corte peronista y “fascista”.
En una entrevista con un programa de TN, Tetaz consideró que los fondos fiduciarios son “la forma más eficiente de gestionar una política pública”, y esa afirmación le valió duras críticas de quienes apoyan al libertario en redes, que ya lo venían insultando por la caída de la votación en particular de la ley ómnibus.
“Milei va construyendo capital político, por un lado, pero si no consigue resultados rápidamente, y acá el resultado es que baje la inflación, en paralelo construye un discurso de corte fascista, que es todos los que están en contra nuestro son enemigos, quieren que a la gente le vaya mal, que al país le vaya mal, o son traidores a la Patria”, alertó Tetaz, y recalcó que “esta presunción de superioridad moral la tuvo mucho tiempo el peronismo y es una de las cosas que uno esperaba cambiar”.
