Una entrevista de un medio de Misiones provocó la furia de la senadora nacional Sandra Giménez, que fue salpicada por las denuncias de corrupción contra la Dra. Liz Cáceres, quien sería una amiga suya. La exvicegobernadora se quejó vía mail y a través de su sitio oficial, de la supuesta cercanía que le endilgan respecto de la Directora del Hospital de Dos de Mayo, acusada de cobrar 500 pesos por certificados para que personas con discapacidad, puedan renovar sus pensiones nacionales. En su sitio oficial, puso en entredicho la supuesta “amistad” con Cáceres, pero evitó salir públicamente a declarar que no tiene vinculación alguna con la médica sospechada de corrupción.
La semana pasada, el corresponsal de M4 en San Vicente, Sergio Gauna, brindó detalles de la resonante denuncia formulada por el agricultor Mario José Fernández, quien aseguró que Cáceres le cobró por la firma de un certificado de discapacidad, siendo él, un genuino pensionado. En diálogo con TVA Misiones Cuatro, Gauna reveló que numerosos vecinos de San Vicente que deben renovar sus datos ante la ANSES (Administración Nacional de Seguridad Social), para trámites de pensiones por discapacidad, han denunciado a la mencionada médica. Sin embargo, ninguno de los damnificados ha ido a la Justicia provincial, previendo la inacción del juzgado correspondiente. Tampoco lo hizo el mencionado Fernández, quien presentó la queja ante el hospital de San Vicente, porque el certificado que Cáceres le cobró, no tenía el sello del hospital.
Según las denuncias, Cáceres cobraba 500 pesos por cada certificado médico oficial con su sello y firma. El cronista sostuvo que Liz Cáceres, oriunda de San Javier, es “amiga íntima” de la senadora, quien en su momento, “le consiguió la designación” como directora del Hospital de San Vicente. Y debido a los numerosos inconvenientes que le trajo a la comunidad, fue removida de su cargo. Y ahora “como premio a su amistad con el poder, la designaron como directora del Hospital de Dos de Mayo”, advirtió el periodista, el miércoles de la semana pasada.
Dado que Cáceres reside en San Vicente, cuando el mencionado Fernández pidió asistencia para completar el formulario de la ANSES –tiene un plazo de 30 días-, alguien lo envió a ver a la doctora, que le habría cobrado 500 pesos por anticipado. El hombre, según la queja presentada posteriormente, accedió y retiró el formulario al día siguiente, el 3 de Marzo. Pero el documento fue rechazado por la ANSES, pues carecía del sello del Hospital de San Vicente, el que corresponde para el trámite para un pensionado de esa ciudad. Y esta no fue la única irregularidad: Cáceres habría fechado el documento en Febrero, varios días antes de la fecha original del pedido. Fernández presentó la queja el 5 de marzo pasado.
Por otra parte, el actual director del Hospital sanvicentino, Claudio Martín Soto González, confirmó que se presentó la queja, que existió una irregularidad y que ha enviado la documentación al Ministerio de Salud de la Provincia, para la investigación de rigor.
El periodista Gauna aseguró que la mencionada Cáceres se presentaba a sí misma como una familiar de la senadora K, aunque con el tiempo –según el cronista local- se habría confirmado que son amigas. De cualquier forma, si la directora pasó del Hospital de San Vicente al de Dos de Mayo, probablemente cuenta con algún tipo de resorte dentro del poder político de la Renovación en Misiones.
El viernes pasado, con el caso ya difundido, la senadora cuestionó en duros términos a los periodistas que participaron de la entrevista. No obstante, no salió públicamente a desmentir que exista una relación con la sospechada Cáceres, lo cual corresponde si, lo denunciado por Gauna, no se ajustase a los hechos. A través de su sitio oficial calificó de “ruines” a los periodistas de M4, al tiempo que cuestionó el uso de potenciales en crónicas con datos que aún no han sido corroborados. E intentó descalificar la denuncia porque Fernández sólo presentó una queja ante el hospital de San Vicente.
Ahora bien, Giménez no salió a desmentir públicamente que haya existido una relación con Cáceres, ni tampoco salió a los medios a negar que la doctora cuestionada haya conseguido las designaciones por algún vínculo político. No fue al fondo de la cuestión para desligarse de las acusaciones. Sino que optó por cargar contra el medio y los cronistas que se hicieron eco de la grave situación planteada. De hecho, se sospecha que no sería el único caso de cobro de certificados para pensiones a personas con discapacidad.
Recordemos, por ejemplo, que en 2012, un escándalo por pensiones “truchas” ya había golpeado a otro dirigente de la Renovación: el intendente de Candelaria Carlos Flores, que tenía más de una decena de familiares directos y allegados, cobrando pensiones no contributivas gracias a certificados médicos presuntamente fraguados. La investigación judicial sobre esa causa –el director del Hospital local denunció que le habían falsificado la firma-, no ha avanzado y los responsables no han respondido por sus actos. Es ese contexto político, en el que las causas contra funcionarios de la Renovación, jamás avanzan en Misiones, el que bien podría explicar, por qué las “quejas” no se transforman en denuncias legales.
