El cuestionado ministro del Superior Tribunal de Justicia Sergio César Santiago presentó este lunes su renuncia “indeclinable” al cargo, para “proteger su honor e investidura”, tras el escándalo por su contrato con la Entidad Binacional de Yacyretá, donde se desempeñó como “formador” de asesores legales entre 2012 y 2015, en simultáneo con su labor en el máximo órgano del Poder Judicial Misionero. La renuncia fue aceptada por el gobernador Hugo Passalacqua, a través del decreto 134/16, dado a conocer en las primeras horas de la tarde. De esta forma, Santiago evita el Juicio Político al que sería sometido, si prosperaban los pedidos que iban a presentarse en estos días, por “falta de ética” e “incompatibilidad con las funciones”, entre otros cargos.
El Colegio de Abogados de Misiones ya le había pedido la renuncia públicamente el miércoles pasado, a 48 horas de confirmarse por parte de la EBY, que estuvo contratado entre Mayo del 2012 y Abril del 2015, para tareas de capacitación y formación de asesores legales, y sistematización de información y documentos relacionados a un caso de arbitrio en el que participó directamente, cuando era él mismo, asesor de la Entidad –entre 2003 y 2009. Varios abogados exigieron la renuncia de Santiago, al considerar que el oscuro contrato firmado con el exDirector Ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas, no especificaba qué otras tareas desarrollaría el ahora exMinistro. Por otra parte, aducen que no puede catalogarse como “docencia”, esas tareas de capacitación –en forma de cursos, conferencias, etc.-, y sospechan que el contrato fue pergeñado para enmascarar dentro de tareas de “investigación” el lucrativo vínculo contractual. En esta línea, a grandes rasgos, opinaron los abogados Ricardo Skanata, Emilia Juañuk –exMinistra de Bienestar Social-, Isaac Lenguaza –expresidente del Cademis- y Jorge Lloyd Wickstrom –exFiscal de Estado-, por sólo mencionar algunos de los renombrados letrados del foro local que exigieron la cabeza del ministro cercano a Thomas y al presidente de la Cámara de Representantes Carlos Rovira. “No hay antecedentes de algo así en los anales de la historia de la provincia o del país”, expresó a MisionesCuatro, el exfical, días atrás.
Este domingo, se conoció que Skanata y Juañuk presentaron formalmente una denuncia ante la Oficina Anticorrupción que conduce a nivel nacional, Laura Alonso, para que se investiguen no sólo el contrato de Santiago en la EBY, sino todos las demás designaciones de “ñoquis” o “planilleros” que pulularon en la gestión de Thomas. Además, solicitan que se investigue el caso de la doble indemnización que se firmaron en su propio beneficio, los cuatro consejeros de la Entidad que responden a Thomas y que cobraron unos 4 millones de pesos cada uno, considerando que tras diez años en sus cargos –designados por acuerdos políticos-, merecían una “indemnización” como si fueran funcionarios de carrera.
Pero volviendo al caso Santiago, la presentación ante la OA solicita que se investiguen los montos cobrados y funciones realizadas, entre otros pedidos. Oficialmente, la EBY reveló que el Ministro fue contratado en Mayo del 2012, cobrando ocho sueldos de 30.000 pesos en ese año, y luego, el contrato fue renovado, en 2013, 2014 y 2015. Si bien no revelaron los montos cobrados en 2013 y 2014, la Entidad informó que el sueldo de Santiago fue de 45.500 pesos en 2015. Su contrato del año pasado, era por 12 meses, pero en Abril, el Ministro dio por terminado el vínculo. Muchos sospechan que el escenario político y una posible derrota electoral del kirchnerismo, movieron al ministro a finalizar el vínculo por el que cobró más de un millón de pesos en un periodo de 36 meses. Si Thomas continuaba en la EBY, probablemente esta información –como la referida a los “ñoquis”-, no habría salido a la luz pública. De hecho, los jugosos contratos de familiares y allegados de dirigentes de la Renovación en la EBY, se mantuvieron en secreto durante años y sólo con la llegada del nuevo Director Ejecutivo, Humberto Schiavoni, comenzaron a conocerse públicamente. Poder y Política tuvo la primicia sobre la confirmación del doble cargo de Santiago, un escándalo institucional que conmocionó a todo el poder judicial misionero, el pasado 19 de Febrero.
Ahora bien, con la renuncia, Santiago evita el Juicio Político y por ende, le hace un enorme favor al oficialismo de la Renovación y a su conductor, Carlos Rovira. Es que si pretendía mantenerse en el cargo –situación políticamente insostenible-, se iban a concretar pedidos de juicio destituyente en la Cámara de Representantes, con todas las pruebas necesarias en rigor. Esto obligaría a Rovira, a permitir que los diputados que controla voten a favor de la conformación de la Comisión Acusadora y, ulteriormente, destituir al Ministro. Protegerlo de un Juicio, habría sido muy costoso en términos políticos, para el veterano caudillo que preside la Legislatura desde 2007 hasta la fecha.
