Esta tarde, el Ministro de la Corte Suprema Carlos Fayt, de 97 años de edad, aclaró que no tiene previsto dar un paso al costado, luego de la embestida del kirchnerismo, que busca removerlo del supremo tribunal. Esta semana, la Jefa del bloque diputados nacionales, Juliana Di Tullio, anunció que están analizando son «los mecanismos que tiene la Comisión de Juicio Político para saber cuáles son las herramientas» de las que se dispone para determinar si el juez, de 97 años, «es apto, y tiene idoneidad para ejercer su cargo».
«No es intención del bloque del Frente para la Victoria iniciar un pedido de juicio político, ni hay un expediente en la comisión de Juicio Político. Nunca se pidió el juicio político a Fayt», dijo Di Tullio en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.
Agregó que lo que hay es «una situación que si bien no es irregular, es única», porque Fayt «es un excelente juez y un excelente profesional, de probadísima trayectoria académica y judicial», pero tiene «una avanzada edad y hace mucho tiempo que no está acudiendo a la Corte».
Esta semana, el periodista ultr-kirchnerista Horacio Verbitsky y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, plantearon que la acordada del 21 de abril pasado, firmada por Ricardo Lorenzetti , Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Fayt -mediante la cual reeligieron a Lorenzetti hasta 2019- «falsea la verdad» porque Fayt no participó en el acto, ya que firmó el documento en su casa. Como es de público conocimiento, Lorenzetti está enfrentado con el gobierno nacional y por tal motivo, la ratificación de su presidencia hasta principios del 2016 –en esta semana anunció que renuncia al cargo-, derivó en los planteamientos de dirigentes kirchneristas.
Según LPO, con la acordada, los ministros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Lorenzetti, Ricardo Maqueda y el propio Fayt, evitaron que el Tribunal se quedara sin presidente y por lo tanto inactivo. Situación que le hubiera servido al Gobierno para impulsar una ampliación del cuerpo y obligar a la oposición a nombrar alguno de sus candidatos. Hasta el momento, el gobierno no cuenta con los votos suficientes para imponer el pliego del joven abogado Roberto Carlés (34) –un hombre que cuenta con el apoyo del exministro de la Corte Eugenio Zaffaroni y del propio Papa Francisco.
La presión a Fayt continuó ayer con la asunción de la camporista Anabel Fernández Sagasti como presidenta de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que tiene la misión de acusar a los magistrados para que el Senado los enjuicie. Esta comisión estaba presidida por la diputada del PRO, Laura Alonso.
Sin embargo, el Gobierno no presentó ningún pedido de juicio político y a través del diputado Carlos Raimundi se limitó a reiterar las notas con pedidos para corroborar si Fayt está en condiciones de seguir en la Corte.
Por su parte, Alonso, advirtió hoy que «sin denuncia o proyecto, la comisión no puede impulsar ningún trámite tendiente a la promoción de un juicio político” y menos pedir una pericia psiquiátrica, como sugiere la nota de Raimundi.
En el Congreso coinciden en que la estrategia de Cristina es desgastar a Fayt y obligarlo a renunciar, porque no tiene chance de conseguir los dos tercios en Diputados para acusar y en el Senado para juzgar. Pero de conseguirlo, destituir a un juez no puede llevar menos de dos años. Fue el tiempo que duró el proceso para echar a Antonio Boggiano, uno de los miembros de la mayoría automática de los 90 que el expresidente Néstor Kirchner barrió al poco tiempo de asumir en 2003.
Kirchner tenía mayoría amplia en ambas Cámaras y el aura de toda la sociedad para acelerar el proceso. Pero los procedimientos constitucionales no le permitieron esperar menos de dos años para tener la Corte que quería.
Sin tiempo ni votos para reemplazarlo, el kirchnerismo presiona a Fayt para que renuncie
