El ministro de Gestión y Modernización, Andrés Ibarra, anunció esta tarde que el Gobierno iniciará una «evaluación y revisión» de unos 24 mil empleados públicos incorporados en los últimos tres años y analizará la situación de unos 11 mil concursos. «El análisis de contratos y concursos van a ser objeto de un decreto que va a salir en las próximas horas para la evaluación y revisión de estos casos. Hay 64 mil contratados, 24 mil en los últimos tres años», explicó Ibarra.
En una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el funcionario subrayó que revisarán que las incorporaciones de trabajadores por concursos o contratos sean «legítimas, bien desarrolladas y se correspondan con cargos que están dentro del Estado», para lo cual anticipó que habrá también «evaluaciones de desempeño».
«Los mismos empleados (estatales) lo piden», subrayó el ministro según Infobae, anticipándose a las críticas. Y se despegó de las voces dentro de la gestión pública que insinúan que habrá una persecución hacia los simpatizantes del kirchnerismo. «Acá la ideología no cuenta. Queremos ver que la gente trabaje», advirtió, en obvia referencia a los populares “ñoquis”.
El ministro precisó que en los últimos tres años aumentó de manera excepcional el número de contrataciones y concursos, incluidas las de los ministerios y los organismos descentralizados. El promedio de contrataciones por año fue de 2056 entre 2003 y 2006, de 4711 entre 2007 y 2012, y de 7840 entre 2013 y 2015. Desde luego, este fenómeno se aceleró con el estancamiento de la economía del país, que implicó una merma notoria en la generación de empleo en el sector privado. Ante ese problema, el gobierno K acentuó las medidas intervencionistas combinadas con políticas de ocultamiento de los datos oficiales de la Economía. En ese marco, se crearon estructuras y se tomaron empleados que vinieron a engrosar al sector de los “defensores del modelo nacional y popular.”
Ibarra, por su parte, se refirió al caso de los contratos más recientes, señalando serán extendidos por tres meses para que durante ese lapso sean analizados. En tanto, los contratos anteriores a los últimos tres años serán prorrogados por otro año, aunque también quedarán bajo estudio, con el objetivo de comprobar si las funciones del empleado se corresponden con el compromiso contraído.
«Queremos ir construyendo una administración ordenada y que este tipo de situaciones no se repitan. Buscamos jerarquizar el servicio público», concluyó el ministro, dejando en claro que habrá una purga y muchos contratos serán discontinuados.
El interrogante cae de maduro: ¿De los empleados que ingresaron en el Estado nacional, cuántos fueron personas críticas del modelo kirchnerista? ¿Cuántas pertenecían a La Cámpora o a otras agrupaciones defensoras del “modelo”? ¿Y cuántas desempeñan realmente funciones, más allá de que en muchos casos, se trate de designaciones “a dedo”, es decir, cargos políticos? Si la mayor parte de los empleados que ingresaron desde 2012, son militantes K y muchos perderán sus contratos por haber sido designados en forma irregular, por no cumplir funciones, o por no estar capacitados para sus cargos, la interpretación que surgirá es que se trata de una “cacería” de kirchneristas y una depuración en el Estado. Una práctica bastante habitual en todo recambio de gobierno. Sólo que esta vez, se trata de un gobierno que se mantuvo por 12 años, el más largo en la historia argentina, hasta el momento.
