Algo inédito ocurrió en la mañana de este jueves, cuando un grupo de policías, penitenciarios y retirados, ofrecieron 70 mil votos al partido gobernante en Misiones, a cambio de reivindicaciones salariales y laborales. El “referente” del grupo, el sargento retirado Pedro Carlos Mazo, habló con el medio provincial M4 y consideró que “de ninguna manera” este pedido implica la entrega de derechos a cambio de votos. Por si el hecho no fuera lo suficientemente grave, el grupo “político” respondería al dirigente de la Renovación, Alberto Nabor “Tito” Álvarez, el exvicepresidente de la Cámara de Representantes y hombre de confianza del exgobernador Carlos Rovira.
En un petitorio, el flamante grupo político «Fuerzas Misiones» (FFMM) integrado, según indican, por personal policial, penitenciarios y retirados reclaman lo siguiente:
1) Cobro de la movilidad o equiparación de los salarios entre el personal activo y los retirados de ambas fuerzas, en todas sus escalas jerárquicas.
2) Cobro de los respectivos retroactivos, de lo mencionado en el punto 1.
3) El acontecimiento de las salas de internación 2 (dos) camas para adultos, 2(dos)camas para maternidad y 2 (dos) camas para pediatría, en el policlínico policial. Estos se relacionan a la necesidad de cubrir estas carencias debido a que el personal policial tuvo que deambular en estado de salud afectada, algunos casos graves, hasta encontrar camas disponibles en los sanatorios y clínicas con cobertura del IPSM, muchas veces resultan insuficientes para la gran demanda en estos casos. Dicho policlínicio es compartido por personal de Servicio Penitenciario por invitación de la Jefatura de Policía.
4) Construcción del policlínico II de Oberá, el mismo comenzó su construcción y fue paralizado.
5) Cobro de las horas extras adeudadas al personal de otras fuerzas.
6) Haberes adeudados a la promoción 2011 del Servicio Penitenciario (personal subalterno).
7) Provisión de uniformes completos para personal de ambas fuerzas, a las unidades operativas, 2(dos) pantalones, 2(dos) pares de botas, o borceguíes por año.
8) Vehículos adeudados para traslados de detenidos para el servicio penitenciario conforme lo establece las exigencias para todos los casos.
En la nota final acotan: «FFMM tiene por única finalidad tratar lo establecido precedentemente y, EN CASO DE CUMPLIMENTARSE LOS DISTINTOS PUNTOS POR PARTE DE AUTORIDADES PROVINCIALES, NOS DISPONEMOS A APORTAR PARA LA RENOVACIÓN DE LA CONCORDIA, unos 70.000 (SETENTA MIL) VOTOS O MÁS. Es importante aclarar que los compromisos que asumiríamos es PURA Y EXCLUSIVAMENTE, PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES DE AUTORIDADES PROVINCIALES. Proponemos un plazo estimativo de vencimiento el día 30-04-2015». Firma la nota, Pedro Carlos Mazo, Sargento (R).”
La iniciativa fue fuertemente cuestionada por dirigentes de la oposición y por referentes de los autoconvocados de la fuerza. El edil posadeño Daniel Amarilla consideró que esto muestra una “prostitución” de la política, al tiempo que cargó contra Álvarez: “es un cara dura que nunca trabajó. Estamos en el clientelismo”, aseguró el dirigente de Unión Popular.
En tanto que los policías y retirados autoconvocados –se trata de otro grupo de dialoga con el gobierno provincial, al margen de la Mesa de Enlace Policial-, destacaron el carácter advenedizo de Mazo. Según el vocero de este grupo Roberto Escalante, el mencionado Mazo carece de toda representatividad en la fuerza y está en las antípodas de la línea de acción de los autoconvocados. “El gobierno está jugando con la necesidad de todos los camaradas retirados”, sostuvo Escalante a M4, interpretando que el petitorio busca romper la unión de los uniformados.
Hasta el momento no se conocieron respuestas públicas de Álvarez, golpeado en su imagen por haber sido asociado a este inusual ofrecimiento, que deja al desnudo, manejos clientelares del gobierno provincial –es el Estado quien puede ofrecer como retribución, mejoras salariales o laborales. Sin embargo, para muchos, el hecho es tan tragicómico como grave: si se trata de una propuesta “genuina” de algunos uniformados, entonces parece estar arraigado el clientelismo y se piensa que el gobierno va a cumplir con sus obligaciones, sólo a cambio de votos en un año electoral. Si es una iniciativa instigada desde la Renovación, la situación es peor aún, porque muestra a un oficialismo que no tiene ningún pudor en hacer gala de manejos clientelares. Una tercera posibilidad, más inverosímil, es que dirigentes de la oposición instiguen este pedido. Pero si hubiera algún tipo de vinculación, rápidamente sería puesta en evidencia por el aceitado aparato mediático del oficialismo, para golpear electoralmente a los candidatos opositores.
Desde luego, las negociaciones de votos a cambio de beneficios y/o dádivas, no es un fenómeno nuevo ni extraño a la política nacional, ni a la política provincial. Caciques de barrios o de cualquier espacio social o político, han ofrecido votos en determinados contextos electorales, como lo saben investigadores y periodistas abocados a esa problemática. Pero siempre es un secreto a voces: jamás se habla explícitamente de estas negociaciones clientelares, ni mucho menos, quedan documentadas a través de petitorios o actas de ningún tipo.
