En una medida tan dictatorial como insólita, el titular del Tribunal Electoral Rubén Uset, ordenó que se cierre el organismo cuando varios dirigentes opositores presentaban una medida judicial contra el ilegal reparto de bancas legislativas, que deja a 65 municipios donde no se cumple el 33% de representación para las minorías en los Concejos –de los cuales 48, no tienen ningún edil opositor. Después de las 20 y con un centenar de dirigentes protestando pacíficamente en la puerta del tribunal, el exapoderado de la Renovación, prometió “revisión y respuestas”.
Un episodio bizarro e insólito se produjo esta jornada, cuando la totalidad del arco opositor reclamó en el Tribunal Electoral de Misiones, por el anticonstitucional reparto de bancas legislativas dispuesto por el organismo que preside el rovirista Rubén Uset. Los apoderados de todos los partidos y varios dirigentes, entre los que se encontraban los diputados Héctor “Cacho” Bárbaro (PAyS), Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso) y Gustavo González (UCR), presentaron en la mañana un recurso de revocatoria contra la asignación de bancas, entendiendo que se viola el artículo 48, inciso 5, que garantiza un 33% de representación parlamentaria en cada municipio y en la Cámara de Representantes. Los acompañaban un centenar de excandidatos opositores del interior de Misiones, que perdieron sus bancas obtenidas por voto popular.
El tribunal que preside Uset consagró una distribución de bancas en las que 65 de los 75 municipios, no tienen un tercio de representantes para las minorías, y de estos, 48 ni siquiera tienen un solo edil opositor. Además, la justicia decidió que 14 diputaciones provinciales sean para la Renovación cuando el máximo estipulado por la Constitución, es de 13 legisladores oficialistas. En total, el Tribunal que responde a los intereses de la Renovación K, otorgó 129 concejalías de la oposición, al oficialismo. Pero lo más increíble es que el exapoderado del partido gobernante ordenó que se cierren las puertas, dejando a varios dirigentes adentro del lugar, a quienes no les permitió utilizar los baños ni tampoco que les acerquen comida durante varias horas. Finalmente, y por la protesta pacífica de los dirigentes afuera del edificio, Uset prometió “revisión y respuestas”, en medio de un clima de suma tensión.
Según Primera Edición, hubo una decena de dirigentes de la oposición encerrados y rodeados de policías, entre los que se encontraban los diputados González, Germán Bordón (UCR) y “Cacho” Bárbaro, el diputado electo Martín Sereno (PAyS), el presidente del Partido Agrario y Social, Isaac Lenguaza, y el exlegislador Gustavo Weirich, entre otros. Un episodio vergonzoso que es coherente con una nueva violación a la Constitución provincial perpetrada por el rovirista Uset, que ya en 2011, ordenó que el oficialismo obtenga 18 de las 20 diputaciones provinciales en disputa –cuando el máximo era de 13.
“Es importante destacar que la oposición en su conjunto, más allá de lo partidario, está unida en defensa de la constitución provincial. Acá hay un atropello del gobierno y la justicia misionera, que no respeta la Constitución. Queremos advertir a la sociedad, el grave riesgo institucional que corre la provincia. Si esta gente es capaz de hacer esto, con funcionarios que fueron electos por el voto popular, imagínense el riesgo que corre el ciudadano de a pié, en sus libertades individuales, en la garantía de sus derechos”, advirtió Gustavo González, en diálogo con M4 esta mañana.
Para González, es importante señalar “el riesgo institucional”, presente “si se vulnera la norma fundamental que es la Constitución. Desde lo jurídico, haremos todo lo que está a nuestro alcance para que se respete la ley. Pero también desde lo político y lo social, (queremos) advertirle al pueblo misionero y convocar a que defendamos la Constitución Provincial. No puede gobernar sólo el Frente Renovador (de la Concordia Social) Ya tienen los 75 intendentes y se quieren quedar con todos los concejales. Es una vergüenza y un escándalo a nivel nacional”, bramó el abogado.
Más pesimista respecto del efecto que podría tener un planteo judicial en Misiones, el también excandidato a gobernador “Cacho” Bárbaro, propuso medidas de acción directa, para presionar a la Justicia a que cumpla con la Constitución. “La justicia no va a fallar a favor de nosotros, tenemos que ir por otros métodos un poco más duros. En un municipio donde le corresponden bancas al radicalismo, al PRO, al PAyS, no hay que dejar asumir a los concejales (renovadores). Es la única medida que vamos a tener para corregir el desastre que hizo la Justicia Electoral provincial”, analizó.
“La cuestión judicial ya la hicimos en 2011, por la violación a la Constitución provincial pero tenemos que tener otro mecanismo de lucha”, dijo Bárbaro, recordando lo acaecido en 2011. De hecho, el planteo de Bárbaro es totalmente plausible: los reclamos contra ese reparto ilegal de bancas, todavía están en litigio en la Corte Suprema de Justicia, después de maniobras de dilación del STJ, que, casualmente también integra Uset, un abogado muy cercano al Presidente de la Cámara Carlos Rovira, el funcionario público eterno de Misiones.
Isaac Lenguaza, el presidente del PAyS consideró por su parte, “errado” el argumento de que “el poder soberano habilita esto. El primer poder soberano es el de la constituyente. Cuando llamamos para dictar una Constitución. Es la primer voluntad soberana a respetar. La Constitución provincial vigente, en su artículo 48 especifica, en su inciso 5, que a la o las minorías, se le garantiza el 33% de la representación parlamentaria. De cada 7 concejales tiene que haber 3, de cada 20 (diputaciones) tiene que haber 7”, precisó el expresidente del Colegio de Abogados de Misiones. Y recordó que las autoridades del Tribunal Electoral, no sólo juraron “respetar la constitución sino hacer respetar la constitución.”
“No hay lugar para dos interpretaciones”, acotó González, remarcando que un incumplimiento de este tipo se castiga constitucionalmente con la nulidad. “La decisión del tribunal electoral es nula, más allá de la cantidad de votos que ha sacado (el oficialismo)”, indicó.
Bárbaro añadió a los argumentos contra la decisión del Tribunal, el cambio de criterio del cuerpo, respecto de las anteriores elecciones generales del 2011, donde también se violó la Constitución en los Concejos Deliberantes, pero al menos, otorgaron una mínima representación a las minorías. “En 2011 respetaron parcialmente la Constitución. ¿Cuál es el criterio que cambió? Debería haber al menos uno por la minoría en los 75 municipios. ¿Cómo en 2011, con 100 votos ponías un concejal y ahora con 200 no metes ninguno?”, lanzó.
A su vez, el apoderado del Frente Unidos, Claudio “Beto” Roa, insistió en que este reparto le garantiza manejos arbitrarios a los intendentes renovadores, especialmente, en los 48 municipios en los que no habrá representación opositora. “En un municipio donde no haya control va a haber un (manejo arbitrario) El intendente va a poder hacer cualquier cosa”, advirtió Roa, poniendo el énfasis en la dificultad de obtener información sobre lo que hacen los ejecutivos municipales.
En tanto que el diputado provincial electo, Víctor Kreimer (Trabajo y Progreso – Frente Vamos Juntos), desafió al oficialismo a convocar a una convencional constituyente para modificar la Constitución, si consideran que no debe haber representación para las minorías en los cargos legislativos. “Si no les gusta la Constitución del ‘58, el oficialismo debería llamar a todos los partidos para una convención constituyente y nos pongamos de acuerdo para una reforma constitucional”, comentó.
Según Kreimer, la Constitución “y también las cartas orgánicas están hechas para limitar el poder (del Ejecutivo provincial y el municipal) Si no les gusta, que se animen a dar este paso. Son los primeros que juran hacer cumplir la Constitución y los primeros que la violan”, sentenció.
Después de horas de tensión en las que varios dirigentes estuvieron encerrados dentro del Tribunal, sin comida ni la posibilidad de usar los baños, Uset prometió “revisión y respuestas”, aunque esto parece más que nada, una medida dilatoria, porque todo indica que el poder político renovador, ya tomó la decisión de quedarse con todas las bancas posibles. Asimismo, por otro lado, se desconoce qué efecto podría tener este reparto de bancas violatorio de las normas vigentes, en la segunda vuelta electoral del 22 de Noviembre. Si se mantiene el reparto anticonstitucional, podría generarse un clima negativo hacia el oficialismo en Misiones y, más aún, si Mauricio Macri (Cambiemos) se impone a Daniel Scioli (Frente para la Victoria), los opositores tendrán un fuerte argumento para solicitar al gobierno nacional, la intervención del Tribunal Electoral o inclusive del Superior Tribunal de Justicia, que preside la exmaestra de Rovira, Ramona Velázquez.
