Paulo Cassinerio, diputado nacional que responde al gobernado Juan Schiaretti, fue uno de los legisladores que plantearon un duro reclamo al gobierno K por el reparto centralista de los recursos en el Presupuesto 2021 que se debate en el Congreso. Los gobernadores exigen subsidios al transporte del interior para votar el presupuesto pero el ministro Meoni lo condicionaban a la implementación de una tarjeta SUBE en cada provincia.
Diputados del Frente de Todos y de gobernadores aliados exigieron aumentar las partidas para los subsidios de transporte del interior del país que figuran en el proyecto de presupuesto de 2021, durante el debate de comisión de este martes que se repetiría la semana que viene con la expectativa de firmar dictamen.
Tal fue el anuncio del kirchnerista Carlos Heller, pero antes deberá convencer a varios de sus compañeros que además de pedir obras para sus provincias exigieron un refuerzo de partidas para los colectivos, que fuera del área metropolitana tienen un desembolso nacional menor a este año.
En julio, según LPO, un proyecto de ampliación de gastos sumó una partida de 10.500 millones y elevo a 17.500 los recursos previstos en el presupuesto vigente para este año, que es la ampliación del de 2019 porque Alberto Fernández prefirió no hacer uno propio ni bien asumió.
Para el año que viene están pautados 13 mil millones, una caída nominal cuando el presupuesto prevé un 30% de inflación y además se espera que los colectivos circulen más que este año, cuando las frecuencias se redujeron por el confinamiento.
“El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá 65 mil millones de pesos de subsidios, más asignaciones sociales. Es un tema a revisar”, afirmó el tucumano Mario Leito, del Frente de Todos. Reclamó además que su provincia sea beneficiada con una parte del plan de viviendas, que tendrá una inversión de 67 mil millones de pesos.
Varios de sus pares no tardaron en sumarse a los reclamos como el correntino Jorge Romero. “No puede ser que las partidas para el transporte del interior sean menos”, se quejó. Su compañera Susana Landriscini, de Río Negro, advirtió que por la caída de subsidios hay atraso en los pagos y peligran los servicios en Bariloche. Un planteo similar hizo la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, quien además exigió centralizar en los gobernadores la distribución de fondos educativos.
“Estamos hablando que el 82% de los subsidios son para el AMBA”, se sumó el cordobés Paulo Cassinerio, uno de los cuatro votos controlados por el gobernador Juan Schiaretti, claves para que el Gobierno alcance la mayoría. Además, son los vocero de los reclamos rurales y tal es así que Cassinerio protestó por los escasos 500 millones de pesos que le fueron asignados al plan de emergencia agropecuaria. «En 2011 eran 540 y con un dólar a 4 pesos», comparó.
El ex gobernador de La Rioja, Sergio Casas, protestó porque en el Presupuesto del año próximo hay “vivienda cero” para su provincia y tampoco contempla obras en agua y energía.
La pelea por los subsidios al transporte del interior tuvo un capítulo en 2019, cuando Mauricio Macri tenía urgencias de ajuste para cumplir los compromisos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los excluyó con el argumento de que los gobernadores podrían cubrirlos con el aumento de coparticipación dispuesto por la Corte y reconocido en su gestión. Con la presión de sus intendentes de las capitales, la UCR logró sumar una pequeña partida que no tardó el licuarse.
Este año los legisladores del interior de todas las fuerzas políticas presionaron para un reparto más equitativo de los subsidios, pero los funcionarios del Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni lo condicionaban a la implementación de una tarjeta SUBE para cada provincia, con los datos precisos de unidades y recorridos. No les resulta fácil conseguirlos, como ocurre en Misiones, donde la principal plaza, el Gran Posadas, tiene un sistema de boleto prepago controlado por un grupo monopólico del transporte urbano.
También hubo otros reclamos del oficialismo que deberá saldar Martín Guzmán para tener el presupuesto aprobado en tiempo y forma. Sergio Casas, ex gobernador de La Rioja, pidió actualizar los fondos para compensar la coparticipación, un antiguo reclamo que se repite año a año y será cubierto con 9400 millones. Y protestó porque hay vivencias cero» para su provincia y «tampoco están contempladas obras de energía y agua».
Por su parte, Cambiemos se sumó a esos reclamos y llevó otros. El diputado del PRO Luciano Laspina solicitó que las provincias sean habilitadas a emitir letras de deuda sin pedir autorización. “Sólo por una cuestión política se explica”, lanzó.
El radical Luis Pastori pidió aumentar las horas de vuelo contra los incendios, que bajan de 6500 a 3500, con sólo 3 equipos y 282 millones de pesos. Y advirtió que el aumento de las partidas previsionales no superan la inflación prevista.
