Tras una investigación del fiscal Marijuan, entrecruzaron los datos y se constataron las incompatibilidades vinculadas al programa destinado a personas en situación vulnerabilidad social. Los casos se detectaron en 14 provincias, incluida Misiones y por el momento no trascendió la cantidad de estatales misioneros que cobraban los planes sociales.
Este viernes, el Ministerio de Capital Humano suspendió el pago del programa “Potenciar Trabajo” a más de 4500 titulares que son empleados públicos en 14 provincias, entre ellas Misiones. La decisión fue tomada en el marco de una investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan, que tuvo como punto de inflexión, el Mundial de Qatar 2022, al que acudieron 180 beneficiarios del plan ideado para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social.
Luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, se constató que 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder al plan social creado para personas que carecen de ingresos y de empleo formal.
De acuerdo con TN, las 14 provincias investigadas son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió dar de baja los mencionados planes Potenciar Trabajo, porque los beneficiarios eran empleados públicos, según quedó en evidencia al cotejar las planillas de empleados estatales y las del programa nacional ideado “con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social”.
De esta forma, Pettovello se diferencia de su predecesora, la exministra y ahora diputada nacional Victoria Tolosa Paz que está imputada por defraudación en perjuicio del Estado e incumplimiento de deberes en el marco de esta causa que investiga el fiscal Marijuan. Otro de los imputados es Emilio Pérsico, el exsecretario de Economía Social, y máximo referente del Movimiento Evita.
Durante su gestión, Tolosa Paz no dio de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social violando la normativa que establece que uno de los requisitos para acceder a Potenciar Trabajo, es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
También es incompatible con el cobro de Potenciar Trabajo, “el ingreso y la permanencia (…) para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
Se estima que desde 2020 a la fecha, casi 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas.
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En ese marco, la funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social (que manejaba Pérsico) es muy escasa y poco confiable.
De acuerdo con Infobae, Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Pero no todas contestaron y algunas ya fueron intimadas por segunda vez.
La baja de estos planes Potenciar Trabajo gracias a la contrastación de las nóminas de empleados públicos y de beneficiarios del plan social, confirma que hubo casos en Misiones. Esto es así porque el cotejo se concretó con las 14 provincias mencionadas más arriba. Por el momento, no trascendió la cantidad de empleados públicos misioneros que cobraban los planes Potenciar Trabajo.
No sería la primera vez que empleados públicos perciben asistencias del Estado que no corresponden para trabajadores formales. En Candelaria, en 2012, se detectó que una docena de familiares y allegados del intendente Carlos Luna, algunos de los cuales eran empleados municipales, cobraban pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. Esa causa que quedó cajoneada en Misiones, es un antecedente inmediato de la malversación de planes sociales y pensiones graciables.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública”. También apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que “sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Durante la administración Fernández el programa social, que era administrado desde el área de Emilio Pérsico dependió de manera directa de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. El dirigente del Movimiento Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos.
Según reconstruyó Infobae de varias fuentes directas, la ministra se habría comunicado con la fiscalía para ponerse a disposición y solicitar el listado de presuntas incompatibilidades para comenzar a trabajar en una resolución para dar las bajas que correspondan.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de las provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como“Caso Coirón Nro. 234746/2023″.
El monto no es despreciable. Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 presuntas incompatibilidades el gobierno de Alberto Fernández “destinaba en este caso, tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía.
Y resalta que: “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.
El programa tiene como objetivo “promover la inclusión social de las personas que se encuentren en situación de alta vulnerabilidad social y económica”, según lo establece las resolución que creó en 2020 el Potenciar Trabajo, y sus modificatorias 1625/2021 y 1868/2021 del entonces Ministerio de Desarrollo Social.
La normativa destaca que una de las incompatibilidades para recibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
A su vez, se puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
“Con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social”. De esa manera se describía en el sitio oficial del programa cuál es el objetivo del Potenciar Trabajo, la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández.
El fiscal Guillermo Marijuán detectó que 160.000 beneficiarios de ese programa viajaron al exterior desde 2020 a la fecha, una situación que reviste incompatibilidad con la situación de vulnerabilidad que deben tener los integrantes del programa. TN accedió a nuevos datos que revelan que algunos de los beneficiarios viajaron a Egipto, Alemania y otros países de Europa, y que existen integrantes del programa que figuran como empleados de la provincia de Buenos Aires e incluso uno de ellos, sería, a su vez, modelo.
Unos cuantos beneficiarios se dieron el lujo, incluso, de ir al Mundial de Qatar. Solo en los meses de noviembre y diciembre de 2022, la época mundialista, tuvimos más de 180 beneficiarios del plan que salieron del país. Diez de esos lo hicieron por Emirates, la aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos.
(Fuente: Infobae)