El presidente mandó los cambios que le aceptó a la oposición “dialoguista”. Quedan en 0% las retenciones a economías regionales, se acota la emergencia a un año, excluyen a YPF de las privatizadas, y habrá actualización mensual de las jubilaciones. Eliminan la reforma política, los cambios al Código Civil y el traspaso de la justicia nacional.
El gobierno de Javier Milei le envió a la oposición el texto con los cambios que aceptó en el proyecto de la Ley Ómnibus para tratar de conseguir los votos para la media sanción en Diputados, pero todavía el panorama es incierto.
Las mayores novedades del texto remitido por la Casa Rosada es que se acepta una nueva movilidad jubilatoria ajustada por inflación, se da marcha atrás con el aumento de las retenciones a economías regionales y se acotan las facultades delegadas, entre otras.
Pero la tensión política con la oposición podría continuar ya que Milei no aceptó los pedidos de los gobernadores para que no haya aumentos en las retenciones al maíz, trigo, derivados de la soja, la carne y la industria, además del petróleo y la minería.
De acuerdo con LPO, esta es una línea roja especialmente para los gobernadores de la zona centro del país, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) que ya avisaron que no apoyarán ningún aumento de retenciones.
El proyecto original de la Ley Ómnibus establece una suba del 12% al 15% de las retenciones al trigo y al maíz, del 9% al 15% para la carne vacuna y del 31% al 33% para el aceite y harina de soja.
A cambio de mantener esa suba de retenciones (al igual que las de la industria), Milei aceptó mantener en 0% la alícuota de todas las retenciones de economías regionales, excepto el vino que se mantiene la suba al 8%. Esto representa una derrota política muy fuerte para el gobernador Alfredo Cornejo que se había corrido de la pelea con Milei suponiendo que eliminarían la principal producción de su provincia.
Además, se elimina la facultad del presidente de subir los derechos de exportación (retenciones).
La mayor concesión a la oposición es la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que tendrá aumentos mensuales ajustados por el IPC como proponía Pichetto. La nueva fórmula se aplicará desde abril, después del ajuste trimestral correspondiente a marzo.
Se trata de cesión muy fuerte de Milei ya que en términos fiscales al gobierno le convenía mantener la actual fórmula de movilidad al menos hasta que haya una baja de inflación, cuando el rezago que tiene la fórmula podría empezar a favorecer a los jubilados.
En este sentido, el ministro de Economía Luis Caputo prefería que los aumentos fueran discrecionales para ahorrarse hasta 2 puntos del PBI. Ahora la duda es cómo podrá ahorrarse el 0,4% del producto bruto interno que preveía si tiene que afrontar subas indexadas.
Milei también tuvo que ceder en el plazo de las delegaciones legislativas a un año y a no a dos como establecía el primer texto. Allí también se establecía la posibilidad de prórroga por dos años. Ahora se podrá prorrogar por un año, pero con aprobación del Congreso. También se eliminan la declaración de la emergencia en materia social y de defensa, el resto se mantiene a pesar de que la oposición sólo quería votarle la económica, financiera y fiscal.
En el capítulo de las empresas públicas a ser privatizadas, Milei cedió y aceptó eliminar a YPF de esa lista y en el caso de Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica solamente se podrá realizar una privatización parcial, debiendo el Estado mantener el control. La oposición pretendía eliminarlas por completo.
Además, el Gobierno dio marcha atrás con los cambios más polémicos de los regímenes de pesca, biocombustibles e hidrocarburos, otros de los reclamos de los reclamos de los gobernadores, fundamentalmente del sur del país. También se elimina la derogación de la ley de azúcar, reclamada por Tucumán.
Por otro lado, la Rosada aceptó eliminar de la Ley Ómnibus y pasar a las sesiones ordinarias el debate de los juicios por jurado, los cambios en la ley de salud mental, en la ley de sociedades, tres puntos de la reforma electoral (secciones uninominales, las PASO y el régimen de partidos políticos), y el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. También se postergan la mayoría de los cambios en el Código Civil y Comercial.
Por último, el Gobierno eliminó la mayoría de los cambios que implicaban el desfinanciamiento del INCAA, dio marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes (FNA), y dispuso que haya “mejoras” en el manejo del INAMU (instituto Nacional de la Música) y el CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). En el caso del Instituto del Teatro, sus funciones serán absorbidas por la Secretaría de Cultura manteniendo los fondos.
